Las mentiras de PP y Vox sobre el veto parental

De nuevo una clarificación sobre lo que es verdad y medida en la dasaforada guerra cultural que ataca al nuevo gobierno. Y a la que se han unido algunos obispos y cardenales, aunque acertadamente Ignacio Escolar no toma en consideración pues los considera como meros comparsas de VOX y PP, sin influencia siquiera en la opinión pública. AD.

• Claro que los padres deciden sobre la educación de sus hijos, pero no como quien elige el menú en un restaurante. La educación pública no es uno de esos negocios donde el cliente siempre tiene la razón. 
• La igualdad entre hombres y mujeres no es una ‘convicción’: es un derecho constitucional. Lo que Vox pretende es combatir esa realidad, y que sus prejuicios puedan ser considerados respetables

Santiago Abascal, presidente de Vox: “Los hijos no pertenecen a los padres. ¡Claro! Nuestros hijos pertenecen al Estado, o peor aún: al PSOE o a Podemos. Pretenden arrebatar a las familias la patria potestad sobre los hijos. Este es un gobierno de perturbados y totalitarios”.

Falso. Ninguna persona pertenece a otra y los hijos tampoco son una propiedad: ni del Estado ni de los padres o madres. Tienen derechos y también tutores legales que deciden en su nombre y que, por regla general, son sus progenitores. Pero ese poder sobre los hijos no es absoluto, como ocurre con una propiedad. Los padres no tienen el derecho a tomar cualquier decisión sobre sus hijos, como si fueran un sofá.

Pablo Casado, presidente del PP: “La mayoría sensata de los españoles, sean de izquierda o de derecha, quiere decidir sobre la educación de sus hijos”.

Y deciden, por supuesto. Pero no como quien elige el menú en un restaurante o un traje a medida.

Los padres y madres son los principales responsables de la educación de sus hijos y así lo hacen, aunque haya quien erróneamente crea que eso es algo que solo sucede en el colegio y que se subcontrata por completo al centro escolar.

Los progenitores igualmente tienen voz sobre lo que ocurre en el aula, a través de las asociaciones de madres y padres. Y también con su voto. Porque en todo país avanzado, son los parlamentos democráticos quienes deciden los temarios, los métodos educativos y los valores cívicos a difundir. Unos parlamentos que eligen los ciudadanos y que toman decisiones en nuestro nombre, porque hay ámbitos de decisión que solo se pueden ejercer en sociedad.

Pablo Casado: “Mis hijos son míos y no va a venir ningún burócrata, ni comunista, ni socialista a decir cómo tengo que educarlos”.

Falso. La ley educativa en vigor en España no la decidió ningún “socialista” o “comunista”. La aprobó la mayoría absoluta del PP en 2013, sin pactarla con ningún otro partido. El “burócrata” en cuestión que lideró esa reforma unilateral fue el entonces ministro José Ignacio Wert.

Pablo Casado: “El derecho a la educación libre lo tienen los padres, y eso es lo que queremos salvaguardar”.

Pero ese derecho a decidir sobre la educación no es absoluto ni unilateral. No existe la libertad de los padres para pisotear los derechos del menor, que también los tiene. Por ejemplo, no existe la libertad de decidir que tu hijo no vaya al colegio; en España la escolarización es obligatoria hasta los 16 años. Tampoco es un derecho pretender que el dinero público sirva para educar a tus hijos en la ignorancia, en el racismo, en el machismo o en la homofobia.

Poco puede hacer el Estado para evitar que padres machistas, homófobos o racistas transmitan esas nefastas ideas a sus hijos. Pero que esos valores antidemocráticos y contrarios a la Constitución se enseñen en los colegios públicos no es ni un derecho ni una opción. Porque la educación pública no es uno de esos negocios donde el cliente siempre tiene la razón.

Santiago Abascal: “La enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está cerca de la corrupción de menores”.

Falso. Los “juegos eróticos” de los que habla el líder de Vox nada tienen que ver con lo que imagina la retorcida mente de Abascal. El líder de Vox se refiere a Skolae, un programa educativo sobre igualdad que se aplica en Navarra y que ha sido premiado por la Unesco, a pesar de la caza de brujas judicial en su contra. “En la práctica se trata de actividades en las que se lee, por ejemplo, el libro de ‘Ni un besito a la fuerza’, se subraya el aspecto positivo de conocer el propio cuerpo y el de los demás desde el respeto, y que la otra persona tiene derecho a decir que no”, explica Mariam Moreno, una de las coautoras de Skolae.

Fernando López Miras, presidente de Murcia (PP): “Yo no sé si lo que aplicamos en la Región de Murcia es exactamente este…. este calificativo que le ha puesto un partido político”.

Por hablar claro de esa asunto del que usted me está hablando y que tanto le cuesta verbalizar. Cuando el presidente de Murcia dice “un partido político” se refiere a Vox. Y con “este calificativo”, se refiere a ese veto educativo que la extrema derecha llama “pin parental”.

Como explicamos en este completo artículo: se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios, especialmente en las charlas contra la homofobia. Aunque no solo. Cualquier tipo de contenido que vaya contra las creencias de los progenitores podría impedirse así.

La idea está copiada de otra batalla cultural similar: la que dieron en muchas escuelas de EEUU integristas religiosos que defienden el creacionismo y argumentan que la evolución es “solo una teoría”, contraria a sus creencias.

Fernando López Miras: “Igual que se puede estudiar religión, o no, creemos que es bueno que se pueda optar”.

Falso. Porque la religión católica es una asignatura opcional, por motivos obvios, pero la formación en igualdad no lo es.

La propia ley Wert lo deja bastante claro. Entre sus objetivos está “el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”. Y esta ley, redactada por el mismo PP que ahora tolera estas cosas a Vox, también tiene entre sus fines “la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad”.

Estos entrecomillados son literales, y están sacados de la ley. Una ley conservadora, pero que los defensores del veto parental, aún más reaccionarios, quieren de facto suprimir.

Fernando López Miras: “En ningún centro de la Región de Murcia ni público ni concertado ni privado se está adoctrinando”.

Falso. Y conviene repasar exactamente qué significa ese verbo: adoctrinar. Según la RAE: “Enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina, especialmente con la intención de ganar partidarios”.

Claro que hoy existe adoctrinamiento pagado con dinero público en las escuelas españolas: en las de Murcia y en todas las demás. Pero no cuando se habla sobre igualdad o educación sexual. Es en la clase de religión: esa materia opcional que la reforma Wert volvió a incluir como asignatura computable para la nota media, exactamente igual que Lengua o Matemáticas.

Fernando López Miras: “Lo estamos haciendo desde agosto porque fue mi compromiso en la campaña electoral”.

Falso. Murcia está haciendo esto desde agosto porque lo pidió Vox a cambio de apoyar la investidura de López Miras. Y porque el PP y Ciudadanos decidieron aceptar esa petición.

Fernando López Miras: “El veto parental no tiene que ver con el acuerdo que firmamos con Vox la semana pasada”.

Falso. Se está hablando de este tema porque está en el punto número 1 del acuerdo para la aprobación de los presupuestos de Murcia, firmado por PP, Ciudadanos y Vox la pasada semana.

Fernando López Miras: “Es una instrucción que se firmó en agosto. ¡En agosto! (…) “Es una cortina de humo para tapar los escándalos que afectan al Gobierno central, como el caso de designar como fiscal general del Estado a una diputada del PSOE”

Falso. El acuerdo de presupuestos es del 19 de enero e incluye un paso más respecto a la instrucción que el gobierno murciano difundió en agosto entre los colegios.

Esa instrucción que dio el Gobierno murciano en agosto no es de obligado cumplimiento: los colegios públicos tienen cierta autonomía y pueden optar por obedecerla o no. Pero ha sido ahora, y no en agosto, cuando el PP se ha comprometido en el acuerdo presupuestario a dar un paso más, para agradar a Vox. La extrema derecha quiere que esta instrucción se convierta  en un decreto del gobierno murciano, y que todos los colegios la tengan que cumplir. Y el PP murciano se ha comprometido a cumplir.

Rocío Monasterio (Vox): “Que den contenidos estrictamente científicos y académicos y dejen aquellos asuntos que van en contra de las convicciones de los padres fuera de los colegios, y que sea una clase opcional”.

Falso. Porque la igualdad entre hombres y mujeres no es una ‘convicción’: es un derecho constitucional. Y que la identidad de género no siempre coincide con tu sexo biológico tampoco es un convicción: es una realidad científicamente demostrada, por mucho que algunos ignorantes crean que es un pecado, una perversión o una enfermedad que se puede curar.

Lo que Vox pretende es combatir esa realidad científica, y que sus prejuicios puedan ser considerados ideas tan respetables como las demás. Y no lo son. El machismo, el racismo o la homofobia no son ‘convicciones’ tolerables, menos aún en la educación.

Vox (desde su cuenta de Twitter): “Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos que con dinero público promováis la pederastia”

Falso. Una mentira tan evidente y calumniosa que Twitter ha bloqueado la cuenta de Vox en esta red social. Con razón.

Santiago Abascal: “Estáis pisoteando el derecho a la libertad de educación. Pretendéis moldear a los niños con vuestras chaladuras y sectarismos”.

Y eso es, en sus propias palabras, lo que está intentando Vox: pisotear la educación y moldear a los niños con sus chaladuras y sectarismos.