Corredores humanitarios

Hay quienes han podido pensar que lo más relevante del reciente viaje de Iñigo Urkullu al Vaticano ha sido el supuesto malestar de los obispos de la comunidad autónoma del País Vasco por no haber sido informados del mismo mientras se preparaba. Es probable que, quizá, por eso, algunas de estas personas han percibido la visita del lehendakari a la Comunidad de San Egidio y la entrevista con su presidente, Marco Impagliazzo, como un movimiento de segundo o tercer nivel. Nada más lejos de la realidad.

Esta organización no gubernamental, popularmente conocida como “la ONU del Trastevere” (el barrio romano en la que tiene su sede), presenta una larga y fructífera trayectoria en el diálogo interreligioso y ecuménico; en la mediación y resolución de conflictos, tal y como se pudo comprobar el 4 de octubre de 1992 con el acuerdo de paz que ponía fin a una sangrienta guerra civil en Mozambique (más de un millón de muertos); en la promoción de campañas para abolir la pena de muerte o en la lucha contra el sida en África con unas tasas de observancia del tratamiento prescrito del 95 %, superior a las registradas en Europa y Estados Unidos.

Recientemente, ha vuelto al primer plano de la actualidad por impulsar, junto con la Federación de las Iglesias Evangélicas de Italia (FCEI) y la Mesa Valdense, un “corredor humanitario” para personas que huyen de la guerra, del hambre, del terrorismo y de los cambios climáticos en el Líbano, Marruecos y Etiopía. Se trata de una iniciativa que, pactada con los Ministerios italianos del Interior y de Asuntos Exteriores, permite que la acogida, acompañamiento e inserción de estos refugiados y migrantes sea legal y segura, evitando con ello el tráfico de seres humanos y, sobre todo, su desaparición en las aguas del mediterráneo e, incluso, en tierras europeas. No solo cuenta con la implicación de diferentes iglesias, sino también con la inestimable complicidad de una parte nada desdeñable de la sociedad civil italiana. Y, por si eso pareciera poco, evidencia y denuncia, en su indudable modestia, el miedo y la insolidaridad que preside la política migratoria de los gobiernos europeos cuando, como sucede en la actualidad, se olvidan de los derechos humanos de los que llaman, desde marzo de 2016, “migrantes irregulares”; pagan a terceros países, de dudosa credibilidad en lo que se refiere a la defensa de estos derechos -como en el caso de Turquía-, para que frenen su llegada a nuestras costas e, incluso, prefieren construir muros o poner, como sucede en España y en Hungría, alambradas de cuchillas -las llamadas concertinas- en sus fronteras.

El pasado 12 de enero la Comunidad de San Egidio ha vuelto a intervenir en la firma de un acuerdo entre la Conferencia Episcopal italiana, Caritas italiana, la fundación Migrantes y el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores para abrir un nuevo “corredor humanitario” que permita sacar de la precariedad material y existencial en la que están sumidas 500 personas del sur del Sudan, Eritrea y Somalia. Se hará respetando las mismas condiciones de legalidad, seguridad e integración del corredor actualmente en funcionamiento. A partir de ahora, se cuenta, para favorecer la integración de estos migrantes y refugiados, con la colaboración de todas las diócesis italianas. Los gastos ocasionados correrán a cargo del “ocho por mil” que los católicos destinan anualmente en su declaración de Hacienda para los fines de la Iglesia.

Pero esto no es todo. Una semana después, el pasado 19 de enero, eran la Federación Protestante de Francia (FPF) con la Federación de Ayuda Mutua Protestante (FEP), el Socorro Católico – Caritas de Francia, la Conferencia Episcopal de Francia y la Comunidad San Egidio las que anunciaban la firma, en breve, de un acuerdo con el Ministerio del Interior para abrir otro nuevo corredor humanitario. Se estaba a la espera de que el gobierno galo validara dicho acuerdo. Sus objetivos eran los mismos que los del corredor en funcionamiento en Italia. El ministro del Interior confirmaba que esperaba firmar dicho acuerdo las próximas semanas.

Son de agradecer los esfuerzos por superar los malentendidos entre personas e instituciones, cuando realmente se den. Y, por supuesto, entre el lehendakari y los obispos del País Vasco. Pero, una vez aclarados e intercambiada la información que se estime oportuna, sería deseable que uno y otros se comprometieran a trabajar conjuntamente (ante el gobierno de España y ante la Conferencia Episcopal Española) para posibilitar, más pronto que tarde, también entre nosotros, un acuerdo semejante al que ya está funcionando en Italia y al que, en breve, lo estará en Francia. Sería una magnífica noticia porque, además de contribuir a paliar, aunque sea muy limitadamente, un enorme problema humanitario, reforzaría la convicción de que, a pesar de que las instituciones europeas bajen la guardia en lo referente a la solidaridad, una buena parte de sus ciudadanos no está con ellas en semejante dejación e irresponsabilidad.