Golpe de timón… a la derecha

La revuelta que empezó en San Paolo contra el precio del billete de autobús, se ha extendido a otras muchas ciudades y ha destapado muchas otras quejas del pueblo brasileño contra el gobierno del PT. Teníamos admiración por Brasil, pieza clave sudamericana de los ascendentes BRIC, con un gobierno de izquierda. Para entender lo que pasa invitamos a entrar en este resumen del largo artículo escrito por Juan Luis Berterretche. En Rebelión se puede leer el texto completo con numerosas referencias. El autor no ha citado la JMJ entre los grandes eventos programados como instrumentos para el desarrollo de infraestructuras y relieve mundial. Sin embargo, hace una expresa alusión a postura de Dilma contra el aborto, seguramente una de las ‘buenas obras’ con las que Dilma piensa asegurar la reelección en 2014. ¿Cómo se situará Francisco ante este viaje heredado que estos días estará a punto de concretarse en detalles y discursos?

Desde 2012 hay una tendencia a girar a la derecha del régimen “petista” [del Partido del Trabajo, entrado a gobernar en 2003 con Lula da Silva. NdeA] conducido por Dilma Rousseff que se expresa en la mayoría de las trascendentes decisiones sociales, políticas y económicas que toma el gobierno. Y este golpe de timón, se ha consolidado en el primer semestre de 2013.

Índices alarmantes en la economía

El proyecto productivo retrógrado de una economía cada vez más sustentada en la producción, extracción y exportación de materias primas sin valor agregado, se fue intensificando en los dos gobiernos de Lula priorizando la agroindustria de monocultivos para el especulador mercado mundial de commodities, incentivando la extracción petrolera y haciendo intensiva la explotación en grandes yacimientos de minerales a cielo abierto. En el plano del mercado interno, sus medidas favorables a las ventas financiadas masivas de casas, automóviles, y toda clase de electrodomésticos ha creado una burbuja del crédito con perspectivas insospechadas, en medio de un deterioro de las finanzas públicas. Estas orientaciones están incubando innumerables problemas sociales y ambientales. Y ahora también son la principal causa de que las cuentas externas de Brasil comiencen a presentar síntomas negativos alarmantes, en el marco de la continuidad de la crisis económico-financiera mundial iniciada en 2007-2008.

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Como bien remarca Lima Cardoso: en el actual contexto de crisis mundial prolongada, el déficit externo es “extremamente peligroso”. Todas las grandes crisis del país en las últimas décadas tienen el común denominador de los “déficit de cuentas externas”. Cubrir ese déficit con inversión extranjera directa, -como lo que se está haciendo- significa aceptar un proceso de “desnacionalización de la economía brasileña” ya que la mayoría de los capitales extranjeros que ingresan se destinan a la compra de empresas nacionales. Esto aumenta la dependencia de Brasil de las estrategias de los capitales internacionales que no tienen en cuenta los intereses nacionales. Además estos capitales externos imperialistas se están beneficiando del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES).

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Presupuesto Federal 2013 anunció el giro derechista

Poco más de dos décadas luego de las alteraciones de la Constituyente de 1988, los defectos del actual sistema tributario de Brasil se han acentuado bajo los gobiernos del PT. Ellos son bien conocidos. Primero: posee un sistema de recaudación pública sustentado básicamente en impuestos indirectos, injustos por ser regresivos: quién tiene más paga menos y quien tiene menos paga más. Mismo los impuestos directos (IPTU, Impuesto a la Renta y el ITBI) presentan graves disposiciones anti-populares. El impuesto a la renta incide básicamente sobre los salarios y sus alícuotas tienen baja progresividad, tasando de forma suave los salarios más elevados. El IPTU -contribución inmobiliaria- en los inmuebles alquilados lo paga el inquilino y el ITBI “causa mortis” -impuesto a las herencias- tiene alícuotas bajas y no progresivas (no aumentan de acuerdo al valor). En cuanto en Inglaterra o en Suecia existen tasas próximas al 50% sobre inmuebles heredados de alto valor, en Brasil las tasas son extremamente bajas y no progresivas. El principal impuesto del país, el ICMS carece de selectividad en sus tasas que deberían ser bajas en productos esenciales y elevadas en los superfluos, lo que no ocurre.

Este negativo sistema impositivo se “complementa”, con un Presupuesto Federal anual donde se asignan los recursos en forma desfavorable a la población. El Presupuesto Federal programado para el año 2013 ya era un indicador del golpe de timón a la derecha del gobierno: casi la mitad de este presupuesto, -exactos 42%- está destinado al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública brasileña. De los 2,4 billones (millones de millones en español o trillones en inglés y portugués) de reales, 900 mil millones (unos 450 mil millones de U$S) se gastarán en el pago de intereses y amortizaciones de la deuda, en cuanto están previstos por ejemplo, 71,7 miles de millones para Educación y 87,7 para la Salud o sea una doceava parte y un décimo respectivamente del monto reservado para el pago de la deuda pública. Para la reforma agraria se dispondría de 5 mil millones, es decir 180 veces menos. Agreguemos que en nueve días de pago de la deuda pública se supera el monto previsto para un año entero del programa “Bolsa Familia” que atiende cerca de 13,5 millones de hogares. En estas cifras se resumen las prioridades económicas del gobierno del PT.

Como los gobiernos anteriores, los de Lula y Dilma Rousseff atienden las recomendaciones del FMI y el sistema financiero internacional en la elaboración del Presupuesto, priorizando el pago de la deuda pública en detrimento de las necesidades de las áreas sociales. La única diferencia con los gobiernos del PT es una alteración apenas aparente: antes había preponderancia en el pago de la deuda externa y hoy la mayor parte de los gastos es con la denominada “deuda interna”, que a pesar del nombre también tiene como beneficiarios a bancos e inversionistas extranjeros. La llamada deuda interna es una nueva cara de la deuda externa y continúa sustrayendo recursos de los más pobres (por medio de tributos incidentes sobre el consumo y sobre los salarios) para privilegiar a los rentistas y especuladores.

“La deuda pública se transformó en un mero instrumento del mercado financiero. En lugar de servir como medio de obtención de recursos para financiar al Estado e incrementar las condiciones de vida de los brasileños, se tornó un mecanismo de substracción de crecientes volúmenes de recursos públicos, inviabilizando destinar verbas para las áreas sociales y provocando el empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en general en cuanto favorece al sector financiero.”…”

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Apostando a un modelo funesto de matriz energética

El modelo de matriz energética del país se sustenta sobre todo en los combustibles fósiles, en especial en la extracción de petróleo en el océano. Complementado por la obtención de energía eléctrica que proveen las represas. Compartiendo la explotación petrolera -por medio de licitaciones- con las multinacionales del sector y ampliando la construcción de presas y diques a través de concesiones de obras a las transnacionales brasileñas de la construcción. En los tres gobiernos del PT se ha ido acrecentando esta apuesta, ampliándose la privatización de ambas opciones.

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Mientras tanto la Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), informó en abril de este año que en la actualidad hay cuatro parques eólicos concluidos, pero fuera de operación por no contar con líneas de transmisión de la energía que producen. Dos parques en Rio Grande do Norte y dos en Bahía. Algunos de ellos en esa situación hace más de un año.

Gobierno Dilma intensifica los confrontamientos

Tanto el proyecto productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores, pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra. Es durante el gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques que retienen agua para la agro-industria o la minería, así como la agresión a la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de los monocultivos y las mineras han generado variados e intensos conflictos. Esta situación no es localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasil, son relatados 343 conflictos ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en 31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas.

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Transgenia agrícola conduce contra-reforma agraria y deterioro ambiental

Los gobiernos del Cono Sur se jactan del crecimiento de la producción de granos de estos países. Pero el avance de los monocultivos con semillas transgénicas está empeorando la realidad agrícola de la región. La ampliación de los costos productivos con la siembra directa provoca una alteración del tamaño mínimo viable para este tipo de plantíos de soja, maíz o algodón. Con eso, los menores establecimientos se tornan inviables lo que acelera la exclusión de pequeños productores del campo. Es un círculo vicioso que dificulta la permanencia de las familias en el campo, y al reducir el número de productores reduce también el abanico de productos ofertados. Es una política de desarrollo rural excluyente, sin personas, exigiendo una mayor inversión en maquinaria agrícola e insumos, ampliando en forma sistemática el volumen de agro-tóxicos utilizados, amenazando la calidad de la vida de los que permanecen y de los pobladores de ciudades aledañas, consumiendo más combustible, etc. Para los gobiernos y los capitalistas del agro-negocio esta contra-reforma agraria se expresa en una engañadora expansión de este tipo de emprendimientos, y como consecuencia un aumento del PIB y por tanto de la supuesta “contribución del sector para la economía del país”. Esto es demostrativo de una de las tantas perversiones del principal indicador económico capitalista de la “riqueza”, el “desarrollo” y el “progreso” de los países.

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Reforma Agraria en retroceso

Con relación a la propiedad de la tierra, el gobierno de Dilma Rousseff es el que menos latifundios ha expropiado en los últimos 20 años. En realidad detuvo totalmente el lento proceso de reforma agraria que venía del gobierno Lula y ahora ha decidido también un abandono total de la demarcación de territorios indígenas cediendo a las pretensiones de los hacendados de la agroindustria y los empresarios mineros.

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Pero hay aspectos más vergonzosos aún sobre el comportamiento de subordinación al agro-negocio por parte del gobierno. Esta semana el ministro de Agricultura Antonio Andrade viajó por segunda vez desde mayo a China, pidiendo al país asiático que se abra a la soja de Monsanto. El canciller Antonio Patriota, haciendo honor a su apellido, también participó personalmente de las negociaciones como lobbysta de la multinacional.

Dilma puso fin a la demarcación de tierras indígenas

Ante un público de hombres blancos, “bien vestidos”, mayores de 50 años en su mayoría hacendados, empresarios de “agrobusines” y parlamentarios de la bancada ruralista del Congreso, el día 8 de mayo, en una audiencia realizada por la Comisión de Agricultura, Pecuaria, Abastecimiento y Desarrollo Rural en la Cámara de Diputados, la ministra de la Casa Civil (jefa de gabinete gubernamental) Gleisi Hoffmann, hablando para la platea de ruralistas anunció drásticos cambios en la política de demarcación de tierras indígenas. Con el fondo de entusiastas aplausos, informó que antes de fin de año será definido un nuevo marco regulatorio para los procesos de demarcación de tierras indígenas.

Hasta ahora era la Fundação Nacional do Indio (Funai) quien conducía los procesos de demarcación, como órgano federal responsable por el establecimiento y la ejecución de la política indigenista brasileña en cumplimiento de lo que determinaba la Constitución Federal Brasileña de 1988.

La bancada ruralista, después de su exitosa campaña con la aprobación del nuevo Código Forestal -un retroceso del punto de vista ambientalista- pasó a presionar contra las demarcaciones de tierras indígenas que de alguna forma dificultan las invasiones ilegales ruralistas de tierras de los pueblos originarios. Con la propuesta de enmienda constitucional (PEC 215) que entregaría la aprobación final del proceso de demarcación al Legislativo, le dieron al gobierno una “justificación” para tomar una decisión sustitutiva de la PEC 215 que cumple la misma función.

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Como broche final, días después la ministra Gleisi Hoffmann defendió la decisión gubernamental diciendo que “el gobierno no puede y no va a concordar con minorías con proyectos ideológicos irreales”. Es decir definió a las demandas indígenas de tierra como un “proyecto ideológico irreal” de una minoría indígena que no va a ser tenida en cuenta por este gobierno.

Ni el PT ni la CUT se manifestaron frente a la posición del gobierno, tampoco ningún partido de la institucionalidad se escandalizó por la decisión. La protesta de la supuesta “izquierda” PSOL fue bastante tímorata.

Mega-eventos y contra-reforma urbana

Durante los dos ejercicios que gobernó Lula se lanzaron los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) apuntando a realizar las obras de infraestructura que permitieran un crecimiento que transformaría a Brasil en la “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$ 370.000 millones para la realización de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010, destinó US$ 878.000 millones con igual objetivo. Una enorme inyección de capital que favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital brasileño y que -en algún caso- se derramó incluso hacia las inversiones de capital de origen delictivo.

El gobierno de Dilma lanzó un Plan Nacional de Logística (PNL) dirigido al desarrollo de la infraestructura del país, (autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc.) así como a las obras “necesarias” para alojar mega eventos deportivos (copa de las confederaciones -2013- campeonato mundial de futbol -2014- y Juegos olímpicos de 2016). Y está utilizando ese Plan para realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del país.

La mayoría de los desplazamientos de pobladores favorecen una “limpieza” en zonas con comunidades conflictivas y abren espacio para la valorización territorial, funcional a la especulación inmobiliaria. En Rio el numero de de afectados es cerca de las 30.000 personas. Una “concentración de estas obras se realiza en el oeste de Rio de Janeiro en ciertas áreas en donde las personas no están viviendo. De esta forma hay un desplazamiento de esos pobladores hacia zonas más lejanas de la ciudad, lo que representa una pérdida en términos de transporte, horas y gastos, para que dichos pobladores lleguen a los locales de trabajo”

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Y con la coartada de los mega-eventos este proceso se ha extendido a varias ciudades del país. Con situaciones más graves aún que en Rio de Janeiro, en Belo Horizonte donde la violación de derechos humanos y exterminio de la población que vive en la calle (moradores de rua) fue denunciada por el Centro Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Población de Calle y Clasificadores de Materiales Reciclables (CNDDH). La entidad denuncia que teme la intensificación de acciones contra “moradores de rua” con el inicio de los Juegos de la Copa de Confederaciones. Y recuerda que hubieron 100 homicidios de “moradores de rua” en los últimos 2 años en Belo Horizonte.

Como David Harvey señala “la producción del espacio urbano se conecta cada vez más a la forma mercadería que sirve a las necesidades de la acumulación promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los lugares en la ciudad, reproduciéndose bajo la ley de lo reproducible. Esto es así porque hoy, cada vez más, el espacio producido como mercadería entra en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros sectores de la economía de modo de viabilizar la reproducción en un momento de super-acumulación del capital que coacciona y solapa la producción de la ciudad como espacio-tiempos de realización de la vida humana.” Y concluye “El capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es coherente con mantener la acumulación de capital”.

El estatuto retrógrado del “nascituro”

Un Proyecto de Ley (PL 489/2007) del Ex Diputado Luiz Bassuma (Partido Verde – Bahia) y Miguel Martini (Partido Humanista da Solidariedade – Minas Gerais), propone instituir un Estatuto del Feto al que denominan “nascituro”. Este proyecto fue aprobado en la comisión de finanzas el día 05/06 a través del substitutivo de la diputada Solange Almeida (PMDB de Rio de Janeiro).

El Proyecto de Ley pasa a considerar sujeto pleno de derecho al óvulo fecundado, o sea el feto concebido y no nacido pasa a tener más derechos que la mujer. El proyecto pretende además legalizar la violencia sexual que sufren las mujeres, principalmente la violación, tornando inadmisible el aborto consecuente de esa violación e instituyendo el pago de un auxilio para sustentación del nacido hasta los 18 años. El proyecto instituye la llamada “bolsa violación” como es conocida por los movimientos de mujeres, reforzando que la punición caiga sobre la propia mujer violada. La “bolsa” será paga por el violador y si no lo hace, por el Estado.La violación es un crimen hediondo. A través de este proyecto el violador pasa a ser llamado de genitor y la víctima es obligada a relacionarse con el criminal ya que él deberá asumir la paternidad. Desde el punto de vista femenino es de las cosas más retorcidas que se les ocurrieron a los opositores fundamentalistas del aborto.

También perderían el derecho al aborto legal las mujeres con riesgo de vida y las grávidas de fetos con ausencia de cerebro, una reciente conquista feminista ante la justicia. Siendo aprobado este proyecto, queda prohibida cualquier manifestación que trate sobre el aborto, cercenando el derecho al debate. Sin lugar a dudas este adefesio legal se inscribe en el giro a la derecha auspiciado por el gobierno Dilma.

Decae el apoyo al gobierno y aumenta la conflictividad

Dilma Rousseff perdió 8 puntos porcentuales en su nivel de popularidad y bajó del 65% en marzo al 57% en junio 2013. Se trata de la primera caída de popularidad desde enero de 2011 cuando asumió la presidencia de Brasil. Los números de la encuesta indican que el deterioro de la imagen de Dilma es un reflejo del aumento del pesimismo de los brasileños con relación a la situación económica, en especial respecto a la inflación y el desempleo. De los 8 puntos de popularidad que la presidente perdió la mayor parte proviene de conjuntos menos escolarizados y de menor renta, en especial del sudeste y sur. Y lo más destacado es que las mujeres, mucho más que los hombres dejaron de apoyar a Dilma. Y cuando se focaliza al subconjunto de mujeres de renta más baja, esta tendencia crece.

Pero cómo ¿y la expansión tan pregonada por el gobierno del PT de una nueva clase media en Brasil? La realidad es otra, hay algunas encuestas que se ignoran y que son demostrativas de que el proyecto productivo de los gobiernos del PT sigue acrecentando la desigualdad. En diciembre de 2012 el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informó que entre los 84 millones de brasileños con algún ingreso, los 8,4 millones (10%) que recibieron el menor rendimiento mensual disminuyeron su participación, entre 2000 y 2010, en los ingresos totales. De un ingreso mensual de R$ 134 (U$S 67) pasaron a R$ 101 (U$S 50), es decir pasaron a contar con R$ 3,36 por día. Les sobraría 16 centésimos luego de pagar un pasaje de ómnibus en São Paulo. Esta encuesta también dejó en evidencia como la distribución de la renta en Brasil continúa manteniendo una aberrante desigualdad. En 2010 el 10% de los trabajadores mejor remunerados quedaron con el 45,3% de todos los rendimientos mientras el 10% de los peor remunerados recibía 1,3% de todos los ingresos del país.

Ese deterioro de la economía de los más pobres explica la reacción popular multitudinaria de protesta al aumento de R$ 0,20 en el boleto de São Paulo. Un reajusta de ese valor en el precio de la tarifa de los transportes públicos en esa ciudad puede parecer insignificante para algunas personas, pero para aquellos que reciben un salario mínimo (en São Paulo es de R$ 755) y utilizan un ómnibus y un metro para ir y lo mismo para volver del trabajo -cosa normal-, el gasto de transporte al final del mes será R$ 200. Más del 26% del total de su ingreso. Y eso por un servicio pésimo en ómnibus repletos. En una movilización que ocupó la avenida São Paulo y fue violentamente reprimida por la policía, un barrendero de calles de una empresa tercerizada, un mensajero, una auxiliar administrativa de comercio y una estudiante de familia de bajos ingresos, declararon al jornalista de la UOL que con el aumento deberán saltearse alguna de las comidas del día. La semana pasada también hubo grandes manifestaciones contra el precio del boleto en Rio de Janeiro y Porto Alegre. Es una reacción contra el precio del boleto que refleja el descontento por el aumento del los precios en general y la amenaza de desocupación. No olvidemos que el crecimiento de la inflación en Brasil en un 50% se debe a los precios de los alimentos -y en especial a frutas y verduras- que es lo que más sube. Y las movilizaciones tienden a generalizarse: ya está convocada una movilización nacional contra el precio del boleto y por el “pase libre” para el jueves próximo (20/06).

Tengamos en cuenta una pregunta que se hace David Harvey: “¿quién produce la ciudad, quién reproduce la ciudad?” para concluir que todos los que producen y reproducen la ciudad son parte de la clase trabajadora. Los manifestantes individualizados en la movilización contra el aumento del boleto en São Paulo lo demuestran. Son los que viven en las favelas o los suburbios más pobres de la ciudad, reciben menos de un salario mínimo o poco más y pertenecen a la clase-que-vive-del-trabajo.

Como desde hace más de tres décadas la vanguardia de la luchas en L. América no está en las fábricas. No fueron los protagonistas centrales ni del Quebra Quebra (1982) en São Paulo, Brasil; ni del Caracazo (1989) en Venezuela; ni del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, México (1994), ni de la guerra del agua en Cochabamba (2000), ni de la derrota del golpe del imperialismo en Venezuela (2002); ni del levantamiento urbano revolucionario en El Alto en Bolivia (2005).

El gobierno Dilma todavía cuenta con el apoyo de la elite de los trabajadores: bancarios, petroleros, de las montadoras de automóviles, grandes polos industriales, como el de Campinas (SP) o de Caxias do Sul (RS), funcionarios públicos privilegiados, etc. Pero en poco tiempo empujó hacia la oposición servidores de la salud y profesores de la enseñanza pública que vienen realizando extensas luchas por aumento de sueldos, pobladores urbanos que no llegaron a la fantasiosa “clase media” brasileña, asalariados rurales y trabajadores sin tierra (MST y Vía Campesina) por el freno a la reforma agraria, el conjunto de los pueblos indígenas por el fin de la demarcación de sus tierras y el avance del agro-negocio y la minería sobre su territorio, quilombolas también amenazados por el modelo extractivista, pescadores artesanales y ribereños por la contaminación industrial de ríos y costas oceánicas, mujeres de baja renta por la inflación y mujeres de mayor renta y cierto nivel de estudios por el absurdo “estatuto del nascituro”.

Un síntoma claro de esta situación es el abucheo que recibió Dilma en el estadio Mané Garrincha de Brasilia el sábado pasado (15/06) cuando se inauguró la Copa de las Confederaciones. La silbatina contra Joseph Blatter, presidente de la FIFA y jefe de la mafia de las coimas en el futbol internacional, no sorprendió a nadie. Pero es la primera vez desde que asumió que Dilma recibe una repulsa de este tipo.

Teniendo en cuenta que todos estos movimientos sociales hoy opositores, eran parte de los aliados incondicionales del PT desde su surgimiento, lo que han logrado los gobiernos del PT y en especial el de Dilma es un verdadero record. Por eso empiezan a manifestarse fracturas dentro del propio gobierno.

Ampliando la mirada a todo el Cono Sur parecería que se está agotando el “buen crédito” de los gobiernos “progresistas”. Sus múltiples compromisos con el capitalismo empiezan a poner de relieve sus insuperables limitaciones frente a las aspiraciones populares.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.