Dos presbíteros, en Granada uno y en Cadiz otro, han sido absueltos de los delitos de abusos sexuales a menores de los que habían sido acusados. El primero juzgado por la Audiencia de Granada, no solo ha sido declarado no culpable, sino que todos y cada uno de los magistrados que firmaban el tribunal han emitido voto favorable a la absolución. No solo eso, los magistrados consideran inverosímiles los hechos denunciados e imponen las costas a la persona que hasta ahora se había presentado como víctima. El segundo, tras el juicio y los recursos, ha sido absuelto por la sala segunda del Tribunal Supremo.
Ejerzo hace muchos años la abogacía y conozco profesionalmente un alto número de jueces y magistrados para poder afirmar que en la vía penal y en acusaciones como las formuladas contra los dos clérigos absueltos, no son accesibles a los sentimentalismos derivados de ideologías o creencias. Son estrictos y la apreciación de las pruebas y la convicción que adquieren tras las mismas inclinan más la balanza a la dureza en la imposición de las penas que a la benévola estimación de las mismas.
Acusador particular en nombre de la familia de una niña objeto de abusos sexuales y luego asesinada sufrí en las largas sesiones de la vista oral, con la sala atestada de público y el desfile de testigos de las defensas y acusaciones publica y particular el peso del horror descrito, imaginado y palpable en pruebas y testimonios. Por eso creo que estas dos absoluciones tienen para los encausados un enorme valor. No solo por la absolución y la rehabilitación cívica que conlleva para ellos. Sino por la dignidad con que han soportado las sesiones ante el tribunal, los medios de comunicación a su alrededor, el rechazo público y la puesta de perfil de los estamentos clericales.
Doce diócesis norteamericanas se han visto obligadas a declararse en bancarrota a consecuencia de las indemnizaciones pactadas con las victimas de sacerdotes abusadores. Quiere decir que es evidente que la pedofilia y la pederastia tienen seguimiento entre el clero catolico. Y que la Iglesia jerárquica tiene un enorme peso de ruedas de molino que distribuir. Acaba de ser obligado, por la sede apostólica, a dimitir un obispo francés de 56 años por conductas impropias hacia jóvenes. Un exvicario general del obispo Munilla, guipuzcoano y más bien estricto en materia moral y conservador en temas doctrianales y de disciplina que no debe conocer la responsabilidad penal in eligiendo et in vigilando pues no ha dimitido, está imputado estos días por denuncias de abusos sexuales durante muchos años en su vida sacerdotal. Et reliqua.
Nuestra diócesis que celebra su setecientos cincuenta cumpleaños también tiene en su historia no lejana, episodios para avergonzarse y meditar. Aunque algunos declarados ejemplares clérigos, antes de tiempo, se dedican todavía a repartir carnés de quienes si y quienes no son aptos para entrar en el Reino del Eterno, ellos mismos y algunos que fuimos súbditos de sus gobiernos pastorales sabemos de los silencios para ocultar indeseables en aras de guardar la imagen del venerable clero. Y de gobernantes curiales, hoy aplaudidos, que los dejaron ir sin impedirles dañar a otros, mar por medio.
Lo ocurrido en Granada y en Cádiz me confirma en que es más sano, más justo, más beneficioso para los imputados y más claro coram populo el que las acusaciones de abusos sexuales se substancien en vía penal ante el brazo secular.
Los dos sacerdotes absueltos de los graves cargos que pesaban sobre ellos han sido rehabilitados civilmente y eso es lo que cuenta en una sociedad en la que la justicia eclesiástica no tiene contenido ni peso, aunque los canonistas piensen lo contrario.
Hoy es día de alegría para estos compañeros y para los que pensamos que, con todas las deficiencias que soportamos en ella, la Justicia civil garantiza un espacio público de clarificación de conflictos sociales y personales. Me alegro por ellos.
Qué que es G1132?. Un estrella acompañada de un planeta bautizado GJ 11326 que está a 39 años luz de la Tierra. Pero tiene atmósfera. Como la Administración de Justicia.
Alberto Revuelta
Imagino que la víctima de maltrato sexual que denuncia a su/s maltrador/es/a/as tiene mucho coraje y debiera demandar la necesaria educación legal de parte del abogado/a que le represente y éste/a debiera obligatoriamente proveerla antes de aceptar el caso.
No hay honorabilidad en ser maltratado/a y no actuar de inmediato para defenderse y menos en lo tocante a la sexualidad por los tabúes que el tema implica. Precisamente ese es el punto sobre el que descansa la expectativa de impunidad por parte del maltratador/a.
Como la víctima que expone el maltrato a la luz pública lo hace voluntariamente nadie suele dudar de que algo debe haber ocurrido por mínimo que sea. En cuanto al maltratador/a solo se le pone en tela de juicio, pero si el tribunal judicial lo absuelve el único que queda manchado para siempre fue el acusador que por lo menos queda tachado de especulador, de buscar dinero mintiendo.
Si la defensa de la víctima fue tan deficiente, los abogados defensores obviamente no hicieron un buen trabajo al educarla y al predecir si se traba de una denuncia plausible. Los testimonios, los interrogatorios, los careos, todo eso se puede anticipar y hoy día hay especialistas que pueden anticipar la credibilidad (o falta de ella) de los testigos. Si no había una defensa fuerte debieron rehusar representar a la víctima. Y si no hay dinero para pagar los expertos, pues nada la víctima está condenada a su vergüenza en secreto o no. Esa es la justicia de los tribunales. Akira Kurosawa, el cineasta japonés, denunció en los sesenta la industria inmobiliaria japonesa y el título de su exitosa película, en castellano, fue «Los malos duermen bien». Demasiado a menudo es cierto.
Por otra parte, la ley tiene su propia dinámica y es inmune a la moralidad porque descansa en las evidencias materiales y en los razonamientos que se puedan hacer a partir de ello, siguiendo una cierta hermenéutica. Pero cuando se trata de curas y de maestros y de profesionales de la salud, etc., que tienen que ver con la humanidad más vulnerable o doliente, la educación de la comunidad en los valores, el procedimiento legal debiera ser más abierto a la ética. En el caso del orden en el que ocurren estos juicios el juicio eclesiástico debiera preceder al juicio público civil o criminal y el criminal al civil. La ventaja fuera que si la Iglesia miente y absuelve a culpables la sociedad la denunciaría y si no, la sociedad tuviera un antecedente en favor de la víctima que es siempre la más vulnerable. A largo plazo, la justicia deberá siempre prevalecer.
El autor del artículo cita la pedofilia en los EE UU. Las diócesis retiraban la protección sobre responsabilidades civiles a los acusados, resolvían a como diera lugar su propia responsabilidad civil y el cura acusado quedaba suspendido y tenía que procurarse su propia defensa.
Paradójicamente eso beneficiaba al acusado. Donde no hay dinero las reclamaciones disminuyen y los juicios criminales son más costosos y más difíciles y, por debajo de la mesa, la jerarquía eclesiástica ejercía influencias para demorar o dificultar los juicios civiles y por tanto los criminales a fin de acallar, en beneficio propio, los escándalos.
Esta es una historia vergonzosa y triste. Con todo soy de los que no confía en que las cosas cambien pronto al interior de una institución que tiene ambas, una historia de misericordia y bondad tan extraordinaria pero otra de crueldad y perfidia no menos extraordinaria.
¿Por qué los Colegios de Abogados que regulan las licencias profesionales y los credenciales no revisan estos casos en que las defensas son tan fácilmente anuladas en los juicios? Esa es una obligación ética que pocas veces asumen voluntariamente.