Elecciones generales: ‘captatio benevolentiae’

       Próxima la elección de las personas que han de representar la soberanía que se contiene en el pueblo español, catalanes incluidos, también legalmente quienes desearen otro estatus político, me obligo a reflexionar sobre la realidad que nos sostiene y oprime, que nos permite vivir y nos mueve a mejorar.

        Primero. Constato las enormes diferencias económicas, de bienestar, de medios para vivir decorosamente que se dan entre unos españoles y otros. Enormes riquezas, tremendas pobrezas. La estructura del Estado – Administraciones, Cámaras Parlamentarias, Poder Judicial, Ejército y Fuerzas de seguridad – están obligadas constitucionalmente a impedir esas diferencias haciendo real y efectiva la igualdad de los españoles, no solo ante la ley, sino sobre todo ante la vida. Estos días ha declarado sobre Bankia y contra el Banco de España Francisco González, por muchos años señor de pernada del BBVA, a su vez investigado por contrataciones al siniestro comisario Villarejo. Todavía no hemos recuperado el dinero que el Estado puso para salvar a Bankia. Nuestro dinero, vaya. Ha habido gobiernos del señor Rajoy – el del otro PP, según el binomio Casado Egea – y del señor Sánchez (de otro PSOE según don Alfonso Guerra el de las esencias). Seguimos con políticas liberales a peor, sostenidas por ambos partidos, con bases ampliables.

        Segundo. Tenemos disfunciones territoriales de tal intensidad que una parte del territorio corre peligro grave de despoblarse en unos años, sin posibilidad de recuperación. La repoblación que La Corona propició con los ilustrados en el siglo XVIII obedeció a un fenómeno parecido al que atenaza hoy a unas cuantas provincias. Quizá la inmigración que se presenta y aldabonea Andalucia sea ocasión de inventar soluciones políticas y económicas más allá de lamentos y asistencia humanitaria. Los gobiernos de los señores González, Aznar, Rodríguez, Rajoy y Sánchez sabían, y debían saber lo que estaba ocurriendo. Nada hicieron. Así estamos. Ya enseñó Epicteto que achacar a otros los males propios es de mala educación. Y tenemos sin resolver desde que Espartero se cambió de caballo por aquello de los testículos, el encaje jurídico político de las nacionalidades que los constituyentes incluyeron en la promulgada el 1978. Guste o no a las Arrimadas y Álvarez de Toledo, a los Casado, Rivera y Abascal, a los Guerra, Aznar, González y demás dirigentes políticos contrarios a plantear y pactar salidas viables al encaje, esta operación habrá de hacerse, aun recurriendo, only you, al sistema matrimonial de Isabel y don Fernando con las Coronas de Aragón y de Castilla.

        Tercero. La educación tecnológica y humanista para las generaciones adolescentes y juveniles debería reconocer y sortear la rutinaria disminución del saber y del pasar vagueando o fotocopiando, para crear una cultura del deber, del esfuerzo, de la aplicación a las ciencias, a la belleza y al arte que saneen a los españoles en su praxis ética y política. George Steiner en “Pasión intacta”, editado por Siruela, afirma con firmeza que en el aprendizaje académico de hoy la amnesia ha sido planificada. El espectáculo de no pocos mediocres, aparentes mentecatos, con responsabilidades políticas que no han leído ni una novela de Zane Grey, debería desaparecer de instituciones y parlamentos. Algunas penosas intervenciones de señalados representantes nuestros en las Cortes Generales producen a menudo sonrojo por lo que dicen y por el tono con que lo dicen. Y esas personas pretenden prometer un pacto sobre la educación sin darse cuenta de que lo primero que se requiere es tenerla en los hemiciclos donde se sientan. Dorothy Crowfoot nos avisó que tener enemigos – y más fabricárselos uno mismo para hacerse el fuerte y valiente – es una pérdida de tiempo y de energía.

        Cuarto. El ordenamiento jurídico del Estado es una fuente de tropiezos procesales y de instrumentos obsoletos que rechinan a la hora de hacer justicia. Recordemos que durante los pasados cuarenta años PSOE y PP con apoyo político y parlamentario de catalanes y vascos han consolidado, cuando no construido, este ensamblaje que hoy pesa sobre todos. Y que los votantes quejosos han mantenido, hemos mantenido a aquellos partidos. Tenemos todos, también los presos de la Sala Segunda del Supremo, lo que hemos construido con nuestros votos y apoyos. Inocentes en este largo periplo sólo los niños que hagan este año la primera comunión o la fiesta sustitutiva laica y del mismo coste. Por muy mal que siente ahora oírlo, Cataluña y sus vecinos, independentistas o no, han tenido y consentido, el gobierno de Pujol, elemento engañador y malvado que ha salido deshonrado del pedestal donde él mismo con miles de manos sosteniéndolo se ha alzado con la señera como protección. “Cuando las banderas se agitan, el pensamiento se esfuma de inmediato”. Se le ocurrió decirlo a Juan Perro.

        Quinto. A seguidas del anterior ordinal y en el fárrago de testigos y escarceos del juicio a políticos catalanes presos por orden del Tribunal Supremo, recuerdo como abogado ejerciente a diario, pese a los años que porto in sinu meo, que es cierto que los señores magistrados que forman sala en el mismo proceden de una oposición y de un sistema permeable a influencias políticas, como bien afirman y critican organizaciones letradas y no letradas de Cataluña y de otras zonas del Estado y de Europa. Lo que nadie está diciendo, que servidor haya leído, es que a los 47 señores jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos los proponen por ternas propias los gobiernos de los otros tantos 47 Estados europeos que forman parte del Consejo de Europa. Su Asamblea elige uno por Estado, pero de entre los tres designados por cada gobierno. Y otro tanto hay que decir de los señores jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de este año 2019 cada uno de los 27 Estados de la Unión designará por su propio gobierno dos jueces que se integrarán en el tribunal y formarán sus salas. No hay jueces en ningún país del mundo que no tengan alguna relación o dependencia con el poder político y ejecutivo. La creencia estrábica de que lo que ocurra aquí será una decisión sin derecho que será corregido por arcangélicos magistrados ajenos a sus gobiernos, partidos e ideologías, es como pensar que el Girona, el Huesca o el Cádiz van a ganar este próximo año la Champion League.

        Sexto. Somos una sociedad civil con la sabiduría de los supervivientes. A lo largo de siglos de monarquias absolutistas, de inquisiciones politico–eclesiásticas, de militares pronunciantes, golpistas y dictadores, de regímenes parlamentarios con tramoya y trampa, con guerras civiles bendecidas por dioses manejados por obispos con mano alzada y cara al sol, bajo palio a dictadores que mantenían su congrua sustentación, hemos aprendido a tolerar a los que mandan, a no hacerles ni caso y a sortearles siempre que podemos. Peligran comunicadores y dirigentes políticos seguros de sí mismos al confundir sus delirios con la realidad de España. También los partidarios de segregar los territorios do habitan. Sus habitantes, pese a lo que se diga y crea, pertenecen a la etnia descrita en este apartado. Salvo aquellos políticos que hablan y hablan, con argumentarios preparados para lerdos, no participamos, porque no los creemos, en lo que la Fundación Jean Jaurés y el Observatorio Consparing Watch diagnostican de los franceses, el 75% de los cuales cree en alguna teoría conspiratoria que explicaría lo que ocurre en su país o en el mundo. Aquí cada uno tiene su propia conspiración para poder salir adelante. Y cuando algunos se citan para conspirar sale la Gurtel, las preferentes de Bankia, Rato, Noos y su duque, los EREs, y con abísmales diferencias en lo ético y político, pero no en la efectividad realizadora de lo conspirado, el 1–0 y la DUI. O sea, un horror de conspiradores.

        Séptimo. Me permito citar, como propuesta de cordura a magistrados, jueces, dirigentes políticos y administradores públicos, lo que afirma STSJ de Catalunya, de 11.04.2005, número 3042/2005. Sala de lo Social. FJ 2 :

“Establece el artículo 3 del Código Civil que las normas deberán ser interpretadas según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo, fundamentalmente, al espíritu y finalidad de aquellas. Como ha tenido ocasión de razonar el TS en jurisprudencia correspondiente a principios del siglo pasado, pero absolutamente vigente, para interpretar las normas jurídicas, no bastan elementos gramaticales o lógicos, sino que es preciso también acudir al elemento sociológico, integrado por los factores que revelan el espíritu de la comunidad en un momento histórico”.

        La cita a la jurisprudencia del TS se refiere a la STS de 21.11.1934. Reiterada por otra de 23.02.1976. Y añade:

”Hay que seguir estos criterios evolutivos porque como claramente expone el artículo 3.1 del CC en su actual redacción , la exégesis de las normas debe hacerse en atención a diferentes factores uno de los cuales es “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.

        Por tanto hay que dar por sentado el seguimiento de la “indicación sociológica” impuesta por el artículo 3 del Código Civil en el momento de interpretar y aplicar las normas por los tribunales españoles, en momentos tan graves como los que está atravesando España y no solo por los políticos presos y sus adláteres sino por silencios y ausencias de políticos españoles obligados a actuar y por decisiones precipitadas, cuando no erradas, sin hache, de alguno o algunos magistrados intervinientes en estos asuntos tan delicados.