Pasta de Conchos y 13 años de lucha para rescatar a 63 mineros

      Hoy, 19 de febrero de 2019 se cumplen 13 años desde el siniestro que privó de la vida a 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos. Las familias, que no han dejado de luchar desde el momento en el que supieron de la tragedia, esperan que el análisis del fondo del caso que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el cambio de gobierno puedan acercarles, por fin, a su demanda principal: el rescate de los cuerpos de sus padres, esposos, hijos y hermanos.

      El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad de la mina; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000; sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran.

      Las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, empresa dueña de la mina. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos y en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la poderosa minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas. Para las familias y sus organizaciones acompañantes, la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.

      Desde entonces, las familias han luchado contra la corriente exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. El sistema de justicia les ha fallado. A la fecha no existe una investigación activa ni se ha demostrado voluntad política para hacer el rescate. Ello obligó a las familias a acudir en 2010 a la CIDH, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.

      En febrero de 2018 la CIDH declaró admisible el caso concediendo la razón a las familias: señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores, además de precisar que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso.

      Las familias esperan con ansias que el sistema interamericano pueda emitir conclusiones y eventuales recomendaciones al Estado en materia de justicia, reparaciones y no repetición. El litigio podría desembocar no solamente en una resolución de la CIDH sino también en una sentencia de la Corte Interamericana, como las que han llegado al Estado mexicano en otros casos emblemáticos en fechas recientes.

      Al mismo tiempo que avanza el litigio internacional -que aglutina a aproximadamente mil familiares de 58 de los 65 mineros que perdieron la vida- las familias están a la expectativa de que la nueva administración federal muestre con acciones concretas su compromiso de recuperar los restos de los 63 mineros todavía atrapados en la mina.

      Los gobiernos anteriores impidieron que estas familias pudieran tener verdad y justicia. Las condiciones están dadas para que, esta vez sí, las viudas, los huérfanos y los padres y madres puedan hacer efectivas sus demandas y los 63 trabajadores fallecidos puedan tener paz.

Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas.