Lo primero que aprendí en las clases de don Juan Iglesias que explicaba derecho romano a las tres de la tarde, de pie sobre la tarima con voz de tenor y una hora seguida, fue que la principal función judicial se resumía así en latín: da mihi factum (los hechos que llevaba el ciudadano que impetraba justicia) tibi dabo ius (yo – juez – te daré el derecho, la ley).
La Cámara del Consejo, tribunal de apelación belga, ha decidido esta mañana en Bruselas no entregar al juez español a los ciudadanos Comin, Serret y Puig, para quienes éste había solicitado la extradición, mediante el instituto legal conocido como orden europea de detención.
Motivo: la orden no cumple uno de los requisitos exigidos por el sistema legal que regula la euro orden. La orden emitida por el magistrado del Tribunal Supremo español – actuando como juez instructor en la causa contra los aforados cuyos apellidos ya he citado – se había dictado continuando la que en su día había remitido a la Justicia belga, una magistrada de la Audiencia Nacional actuando entonces como instructora en un procedimiento contra las mismas personas.
¿El error formal? El magistrado del Supremo no había dejado en suspenso la dictada por su colega de la Audiencia Nacional, emitiendo primero una orden de detención contra los ciudadanos Comin, Serret y Puig y tras ello, y solo tras ello, dictar la orden europea de detención.
¿Formalismos hueros? No. Del mismo modo que a los ciudadanos españoles que desean presentar sus demandas en tribunales europeos, sean de la jurisdicción UE o del Consejo de Europa, se les exige agotar las vías internas del ordenamiento español así también, consecuentemente, a los jueces españoles se les exige que agoten los procesos de detención de nuestro ordenamiento, y solo después recurran a la euro orden.
Ridiculo total del Tribunal Supremo que ha demostrado una ligereza y superficialidad jurídica digna de un letrado que se estrena en una vista por delitos leves ante una jùez de Instrucción que pacientemente ha de recordarle los artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal.
Patinazo del sistema judicial español en Europa en un momento en que la judicializacion de los errores y omisiones de políticos y de la Poltica hace recaer sobre jueces y magistrados decisiones de gravísimas consecuencias para el futuro del Estado.
Los errores sucesivamente cometidos en este penoso proceso a partir de la decisión del señor Rodríguez Zapatero respecto al Estatuto catalán y después por el señor Rajoy Bey en los pasos posteriores que derivaron el mismo a los tribunales y juzgados están demostrando que la Justicia funciona mal, rematadamente mal y que será incapaz de solucionar el estado de división social y política de Cataluña. Cualquier letrado que ejerza a diario sabe y padece las disfunciones, errores y gravámenes que la Administración de Justicia española causa a los justiciables y a sus allegados.
Y, por muy molesto que pudiere o pudiese parecer, un magistrado del Supremo nos cuesta anualmente 109.072,40 euros. Amén de choferes, automóviles y escoltas.
Suficiente como para exigirles que el tibi dabo ius, sea exacto, esté bien fundamentado y sea eficiente.
Coda. España no estaba personada en la causa ante la Cámara del Consejo belga. Por lo que su decisión de esta mañana no es recurrible. Y ahora los costes causados por el error judicial ¿quien los soporta?, ¿los mismos lerdos que hemos soportado Bankia y las Cajas? ¿O el ministro de Justicia y el de Hacienda van a repetir contra el causante del deságuisado? Apuesto a que la culpa será de los belgas que desde lo del duque de Alba y el general Doria, nos tienen manía. ¡Ay si la princesa Margarita levantara la cabeza!.
Siempre serán mejor los Tercios de Flandes con picas y arcabuces que la euro orden con tanto requisito formal.
Me gustaría muchísimo que análisis tal cual el presente se divulgaran por todos los medios de comunicación de nuestro país para evitarnos, al menos, escuchar tantas sandeces, especialmente de los habituales comentaristas o tertulianos. El magistrado se equivocó y nadie le corrigió, ni desde dentro del poder judicial, ni desde la política, con referencia a los cargos políticos que nos administran.
No hay nada peor que perder la imagen pública. Durante algunas décadas tuvimos aquí la impresión de que habiendo recuperado la democracia nos habíamos vueltos estupendos, cada cual en su profesión u oficio y que hasta en lo económico éramos tan eficientes que seríamos la envidia de Europa y del mundo.
El gobierno de los jueces, digo lo de gobierno en el sentido de que es un poder autónomo del Estado, tiene que brillar por que sostenga unos mecanismos propios de auto-perfeccionamiento, puesta al día y menos dependencias. Lejos de injerencias de los agentes políticos o poderes fácticos, entre ellos la prensa, del gobierno de turno y de la servidumbre de la carencia de medios, estar bien dotado económicamente.
La verdad formal, que es la requerida para la jurisprudencia, debe ser mantenida a salvo. Las otras, verdades, las que regulan o controlan los hechos, tienen que ser mantenidas en los otros poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, en el seno de la sociedad civil. La derecha, cuando nos gobierna o que hace dejación de funciones, termina así por hacer mucho daño a la convivencia, y en definitiva, a la paz social.