Oigo a periodistas y políticos, leo a columnistas y comunicadores hórreos de saberes y argumentos, lamentarse de los fallos y las consecuencias de las dos recientes sentencias del Tribunal de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Una de ellas determina que hubo malos tratos a dos etarras mientras estuvieron bajo custodia de guardias civiles. Y obliga al Estado a compensarles económicamente. La otra, recientísima, estima que no es punible quemar fotos del rey español ya que tal acto está amparado por el derecho de opinión libremente expresada y que no es proporcionada la condena penal a prisión a los autores de la quema.
Los desprecios de ignorantes al TEDH van parejos a los rebuznos por la desconsideración al sistema democrático español por parte de los magistrados que forman sala y dictaron aquellas sentencias, entre ellos un compatriota de los rebuznantes designado por el gobierno democráticamente elegido.
He actuado como letrado en varias ocasiones en el TEHD y he perdido causas y he ganado en otras (he perdido muchas más que ganado, en aras de la verdad). En todas ellas las razonadas y jurídicamente fundadas resoluciones me han hecho cavilar y, disconforme en ocasiones y sostenido en otras, siempre he considerado que el sistema de discusión, conciliación de pareces y votos de los magistrados garantiza solidas y consistentes sentencias.
Ocurre que la interpretación de los derechos humanos plasmados en la Convención de 1951 que es la que interpreta la Gran Sala de Estrasburgo, no coincide con lo que en los distintos países que se someten al tribunal se tiene por jurisprudencialmente acertado. Por eso existe el TEDH. Someterse a su competencia es obligado para formar parte del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Por tanto para estar como miembro en el más exclusivo club democrático del mundo.
Claro que se puede discrepar de las sentencias del TEDH. Como de las de cualquier tribunal o juzgado. Con argumentos, no con rebuznos ideológicos o amparados en la roja y gualda o en las rojas solas, o en las moradas rampantes. Considerar herida a España por la sentencia que ofrece criterios para regular la Libertad de expresión entre los cuales está desdivinizar el Poder, y a quienes lo ejercen, además de inane por ineficaz, solo refuerza estructuras medievales de corte absolutista.
Permítaseme una libre llamada a la cordura judicial y política: Estrasburgo no tiene el mismo criterio sobre la prision provisional que el que sostiene la jurisprudencia de los tribunales españoles. Los magistrados que dictan autos de prision provisional deberían tener muy presentes esas diferencias. No vayamos a encontrarnos a los señores Junqueras, Forn, Sanchez (bis) y otros en el martirologio político europeo (porque en el de los partidarios del independentismo catalán ya están) como se encuentran ya entre numerosos académicos y letrados españoles que consideramos un dislate el que esos caballeros permanezcan en prision provisional.
Alberto Revuelta
En relación con el asunto de Cataluña, los no independentistas suelen hablar de la independencia del poder judicial, que a primera vista parece la mar de bien, pero ocultan que en la famosa transición, entre los que la pasaron sin romperse ni mancharse se encontraron los miembros del aparato judicial y uno recuerda ver a más de un juez con el brazo en alto en las efemérides franquistas. Lo que significa exactamente que en el aparato judicial heredado del franquismo suele haber poca gente de izquierdas y mucha de extrema derecha, cuya composición se mantiene bastante por aquello del nepotismo que abunda en ciertos cuerpos de la administración.
Por eso el gobierno de Rajoy no tiene necesidad de presionar a determinados miembros de la carrera judicial, ya que ellos solitos cumplen con su ideología y nos “deleitan” con decisiones tan absurdas como lo de preguntar a la violada si juntaba las piernas o mantener en prisión provisional a los políticos catalanes porque existe el peligro de reincidencia.
Académicos y letrados hay, y no menos, que opinan que los “caballeros” deban seguir en prisión preventiva. Cada día que amanece nos desayunamos con nuevas informaciones sobre el alcance totalitario, nada democrático, de las instituciones presididas por los “caballeros”. Se nota que el bloggista no vive en Cataluña. Aunque basta mirar el elenco de personalidades –esas sí “caballerosas”– que han ido abandonando el Principado en silencio (fíjese en el cambio de cátedras por citarle un ejemplo) al poder disponer de esa capacidad. Otros tienen que huir al extranjero (fíjese en las universidades del Reino Unido el número de “professors” españoles nacidos aquí). O lo más inmediato: el número de empresas, algunas tan sonoras como La Caixa y el Banco de Sabadell.
La “caballerosidad” tiene por lo visto una naturaleza polisémica. A veces, contraria.
Por cierto, el sujeto al que usted alude, cuyo cargo debe al PSOE del que fue miembro conspicuo, firmó con Jorge de Esteban el primer Comentario a la Constitución Española, que publicó la Editorial Labor. Sería un buen ejercicio para un jurista comparar lo que ese señor aupado defendía en el libro y lo que sostuvo después. Por ejemplo, a propósito del derecho a la vida.
Y ya estoy escribiendo demasiado en esta web a la que sigo, Antonio, cómo no, pero en la que no me siento cómodo ni lo soy para otros. Tal vez debía haberme abstenido también en esta ocasión.
De abstención nada. Me hace reflexionar su opinión y la valoro porque cualquier expresión de realidad ha de ser bien recibida. Por mi no deje usted de opinar lo que guste. No tengo, ni pretendo tener, patente de corso para pontificar sobre nada. Simplemente opino, sujeto siempre a mejor opinión. Así que, a su disposición y seguro servidor.