Palestina y su negro futuro

¿Vamos a seguir permitiendo esto por 100 años más?

Columna mensual publicada en el portal Desinformémonos

¿Cómo elegir un tema para escribir cada mes sobre Palestina, cuando un simple escaneo de las noticias del día sería motivo para armar con cada una de ellas un expediente entero en la Corte Penal Internacional?

OCHA (la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU) informa que en lo que va de 2017 Israel ha demolido más de 170 estructuras palestinas a lo largo de Cisjordania, incluyendo 40 hogares,  desplazando a unas 300 personas y afectando los medios de vida de otras 4.000 más. A su vez, en todo 2016 Israel demolió o confiscó 1.093 propiedades palestinas, desplazando a 1.600 personas  –la mitad de ellas, menores de edad− y afectando los medios de vida de unas 7.000. Estas cifras son casi el doble que las de 2015.

En Jerusalén Este, Israel comenzó a construir una autopista que partirá la zona de Jabal al-Mukaber, para lo cual confiscará las tierras de 12 barrios palestinos; unas 57 viviendas que albergan a 500 personas serán demolidas. La finalidad de la autopista segregada será conectar las colonias judías (todas ilegales según el derecho internacional), al tiempo que elimina todos los caminos que comunican a los barrios palestinos, dejándolos como islas desconectadas geográfica y económicamente, lo cual hará aún más difícil para la población palestina acceder a sus centros educativos, de salud y religiosos.

 “Vivimos en un estado de miedo perpetuo”, dijo Mohammed al-Sawahra, un residente de la zona. “Es como si viviéramos en [dos mundos diferentes]. En las zonas palestinas, es como vivir en el tercer mundo, mientras a los israelíes que viven en las colonias construidas en las tierras de Jabal al-Mukaber se les ofrece una vida de confort como en los países del primer mundo”.

También en las afueras de Jerusalén Este viven comunidades beduinas que fueron desplazadas por la construcción de la enorme colonia-ciudad judía Ma’ale Adumim. Sus precarias estructuras están constantemente amenazadas de demolición y sus habitantes de desplazamiento por la expansión de la colonia. Este mes, la totalidad de las 40 estructuras precarias de la comunidad Khan Al-Ahmar, incluida su escuelita (construida según criterios ecológicos y con fondos de la cooperación europea), recibieron órdenes de demolición que, de hacerse efectivas, podrían borrarla enteramente del territorio.

El 20 de febrero, las autoridades israelíes destruyeron por segunda vez en el mes una tubería de agua de ocho kilómetros y medio que unía las humildes comunidades pastoriles de al-Hadidiya y Ras al-Ahmar, en el árido Valle del Jordán, y brindaba agua a 47 familias palestinas. La tubería fue financiada por UNICEF y costó 12.500 euros. Según las autoridades israelíes, “fue desconectada por ser ilegal”, es decir, construida sin permiso, por la simple razón de que los permisos de construcción son imposibles de obtener en más del 60 por ciento del territorio palestino ocupado.

Si se trata de detenciones, es casi imposible mantener un registro de las decenas de arrestos que el ejército israelí lleva a cabo cada noche en distintas localidades y campos de refugiados de Palestina. La organización Samidoun informa cada día sobre adolescentes procesados por tirar piedras, presos que tras cumplir sentencias de 12 o 15 años son re-arrestados a los pocos días de ser liberados, o de las numerosas detenciones arbitrarias. Es el caso de Mohammed Al-Qiq, un periodista que el año pasado estuvo 94 días en huelga de hambre, al borde de la muerte, protestando por su detención ‘administrativa’ (sin cargos ni juicio); liberado finalmente en mayo, fue detenido nuevamente este mes, también sin cargos. Al-Qiq inició hace dos semanas una nueva huelga de hambre, y ha sido hospitalizado por el rápido deterioro de su salud, debido a las secuelas de su prolongada huelga anterior. Actualmente hay más de 6.500 presos y presas políticas en las cárceles israelíes; más de 500 están en detención ‘administrativa’, y más de 300 son menores de edad. Un caso reciente particularmente escandaloso es el de Ahmad al-Jadur (15), sentenciado a tres meses (y una multa de 800 dólares) por tirar piedras a los soldados, a pesar de que es un enfermo crónico que sufre de epilepsia y leucemia desde hace tres años y requiere tratamiento especializado por su frágil estado de salud.

En Gaza, los modestos pescadores que intentan ganar el sustento para sus familias adentrándose en las poquísimas millas náuticas que les permiten, aun así son rutinariamente hostigados y agredidos por la marina israelí. Esta semana, cinco jóvenes pescadores del clan Bakr fueron arrestados y sus barcas confiscadas; uno de ellos, Muhammad Sabri Bakr, recibió además un disparo por la espalda y se encuentra en estado crítico.

Estos hechos ocurren con demasiada frecuencia como para ser noticia en los medios. La bloqueada, bombardeada y nunca reconstruida Gaza, donde se hacinan dos millones de personas en 350 km2, donde las pacientes de cáncer mueren por no poder salir para recibir tratamiento y los bebés dejan de respirar en las incubadoras (hay cuatro horas de electricidad por día), sólo es noticia cuando algún inofensivo cohete casero sale disparado hacia el territorio israelí.

En medio de la sucesión interminable de atrocidades y afrentas rampantes a la más básica humanidad, esta semana un hecho se convirtió en el símbolo perfecto del régimen de apartheid racista: el legendario sistema de ‘in-Justicia’ israelí dio a conocer la sentencia para el soldado Elor Azarya, quien en marzo de 2016 en Hebrón ejecutó de un disparo en la cabeza al joven palestino Abdelfattah Al-Sharif, que yacía desarmado y herido en el suelo –tras intentar un ataque con cuchillo. Azarya, que a esta altura es un héroe nacional en Israel, fue sentenciado a 21 meses de prisión por “homicidio culposo” (involuntario).

La ejecución extrajudicial habría pasado desapercibida y permanecido en la impunidad –entre tantas cometidas por las fuerzas sionistas desde 2015− si no fuera porque un testigo palestino la filmó  y el video se hizo viral (y por ello está amenazado de muerte por los colonos de Hebrón)[1]. Ante esto, las autoridades tuvieron que arrestar al soldado e iniciar una investigación; un año después, la sentencia constituye una afrenta a todas las víctimas palestinas y a sus familias.

El caso ilustra cómo las leyes, políticas y prácticas del Estado de Israel se aplican de manera radicalmente diferenciada según la identidad étnico-religiosa de las personas. Mientras un soldado que viste uniforme y ejecuta a corta distancia a un palestino indefenso −a la vista de todo el mundo y registrado en video− recibe una condena de un año y medio sólo por ser de nacionalidad judía, hace justamente un año cinco adolescentes palestinos conocidos como los Chicos de Hares fueron sentenciados también por ‘homicidio culposo’ a 15 años de prisión, sin absolutamente ninguna evidencia ni testigo[2].

A partir de este caso ‘ejemplarizante’, más adolescentes palestinas/os han recibido en el último año largas sentencias, no tanto por agredir a israelíes, sino apenas por la presunción de que intentaban hacerlo: en febrero, Huzaifa Taha (17) fue condenado a 12 años, acusado de intentar apuñalar a un colono residente ilegal en Jerusalén Este; Nurhan Awad (17) fue sentenciado a 13 años y Muawiya Alqam (14) a 6 años, ambos de Jerusalén y por la misma acusación; las adolescentes Manar Shweiki (16), Nurhan Awad (17) y Marah Bakir (17) fueron condenadas a 6, 13 y 8,5 años respectivamente, acusadas de portar cuchillos con la intención de atacar a israelíes; a la joven Malak Salman (17) le espera en marzo una condena similar por la misma acusación; y por lo mismo, los niños Shadi Farrah y Ahmad al-Zaatari (13) fueron sentenciados a tres años en enero. Dentro de ‘Israel’, la joven Shatila Abu Aida (23) fue condenada a 16 años por atacar con un cuchillo a un israelí. En 2016, Ahmad Manasrah (14) recibió una sentencia de 12 años porque con 13 años se supone que pretendía agredir con un cuchillo a colonos en Jerusalén, hecho que no llegó a cometer; y cinco adolescentes recibieron sentencias más largas que la del asesino Azarya sólo por tirar piedras a los soldados de ocupación: Saleh Ishtayya (16), Muhammad Jaber (14) y Murad Alqam (14) recibieron 3 años; Muhammad Tayeh (17) y Zaid al-Tawil (16) recibieron 2 años y 4 meses[3]. Y la lista podría seguir…

Y seguirá, mientras los gobiernos, los organismos multilaterales y las personas de a pie sigamos permitiéndole a Israel violar los derechos humanos sistemáticamente, día tras día, desde hace casi siete décadas. La ‘comunidad internacional’ (EE.UU. y sus aliados) sabe cómo aplicar sanciones efectivas cuando quiere que en un país haya un cambio de régimen. Pero a Israel se le condena sólo de palabra. El ejemplo más reciente es la Resolución Nº 2334 del Consejo de Seguridad (aprobada en diciembre) que condenó la incesante colonización sionista de Palestina, pero no fue acompañada de ninguna medida para hacerla aplicable.

La respuesta de Israel fue la de siempre: amenazar a los países que la votaron, y anunciar que no va a respetarla y que seguirá expandiendo y construyendo nuevas colonias en el territorio palestino. Y para doblar la apuesta, a principios de febrero el Parlamento aprobó una polémica ley para regularizar las colonias no autorizadas en Cisjordania ocupada, lo que permitirá legalizar de manera retroactiva unas 4.000 viviendas construidas en tierras privadas palestinas. Como declaró la dirigente de la OLP Hanan Ashrawi, esta nueva ley “es la anexión final de Cisjordania” y dará libertad a los colonos “para embarcarse en el robo de tierra con total impunidad”.

2017 es un año clave para la memoria histórica palestina, al cumplirse varios aniversarios: 100 años de la Declaración Balfour, por la cual el Imperio Británico le prometió a los sionistas la tierra de Palestina, ignorando la existencia e intereses de la población árabe nativa; 70 años de la Resolución 181 de la ONU, que recomendó la partición de Palestina para darle la mitad del territorio a los colonos sionistas recién llegados de Europa; 50 años (¡medio siglo!) de la ocupación de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios por la maquinaria bélica israelí; 10 años del bloqueo inhumano a la Franja de Gaza; y también 30 años de la primera intifada. En todo el mundo se preparan iniciativas para marcar estos aniversarios con acciones significativas y efectivas encaminadas a terminar con la impunidad de Israel y decir ¡Ya basta! Cualquier persona puede vincularse a las actividades que se realicen en su territorio.

La primera será, entre marzo y abril, la 13ª edición de la Semana contra el Apartheid Israelí, con eventos previstos en más de 200 lugares de cinco continentes para fortalecer y expandir el movimiento BDS, que llama a presionar y aislar a Israel hasta que respete el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino. La Semana tendrá un impulso especial en América Latina, donde se espera que éste sea un año clave para el despegue del BDS, un movimiento de base y liderazgo palestino, donde el protagonismo está en manos de la gente y de quienes creemos firmemente que los cambios duraderos se gestan desde abajo.