El pasado 9 de junio, Fernando Giménez Berriocanal, gerente de la Conferencia Episcopal Española, presentó la memoria del último ejercicio económico de la Iglesia católica en el Estado español. [En realidad ha sido la Memoria anual de Actividades de 2014. NdA]. Lo hizo como economista solvente y riguroso que es, pero desde la visión eclesial de la institución que representa. No hay economía ni memoria económica neutra, como no hay teología pura. Por eso me permito formular unas observaciones a su memoria económica desde mi perspectiva eclesial.
Las cifras presentadas son impresionantes, pero no es eso lo que me escandaliza. Son las que cabe esperar si se tiene en cuenta la historia religiosa y política de la Iglesia en este país, su inmenso patrimonio artístico y cultural, amén de su inagotable legado espiritual, imposible de traducir en términos económicos. Y su capacidad de reunir semanalmente hoy todavía a 10 millones de personas a celebrar la memoria de Jesús y compartir su pan. Y sus grandes privilegios heredados del pasado. Todo eso no se borra de un año para otro ni de un siglo para otro.
No quiero ser, pues, purista ni maximalista, pero tampoco mero observador acrítico. En la presentación del señor Giménez Berriocanal encuentro datos e interpretaciones que me parecen sesgadas y engañosas, por parciales. Las medias verdades pueden ser mentiras. A algunas de ellas me referiré.
En primer lugar, no me parece honesto contabilizar la actividad asistencial o caritativa de la Iglesia, por ejemplo Cáritas, como aportación económica de la Iglesia al Estado. ¿No será una forma de justificar la enorme aportación del Estado a la Iglesia y una coartada para seguir pidiendo más? Seamos rigurosos. Es verdad que la Iglesia católica realiza una inmensa labor social, muy a menudo de manera voluntaria y gratuita. Pero los obispos, si quieren ser sinceros, no deben ignorar u ocultar que buena parte de la gente, quizás incluso la mayoría de quienes colaboran con Cáritas y otras instituciones asistenciales, sea con sus donativos o sea con su trabajo, no son “gente de Iglesia” ni quieren que ésta les utilice como propaganda. Cáritas es sin duda lo mejor que tiene la Iglesia, y su gestión eclesial es seguramente muy eficaz y honrada, pero los obispos no debieran jactarse de ello en sus memorias económicas. El mérito de Cáritas no es de la institución eclesial, sino de la gente, creyente o no, que la sostiene; el mérito es de los ciudadanos/as que forman el Estado. ¿O creen los obispos que hay menos caridad y justicia social efectiva allí donde no existe Cáritas eclesiástica?
Tampoco me parece de recibo afirmar que los centros religiosos de enseñanza ahorran al Estado cerca de 3.000 millones de euros al año. La inmensa mayoría de esos centros están subvencionados por el Estado, y en cualquier caso son empresas económicamente viables, gracias a las matrículas que cobran o a los donativos que reciben. Puede ser que el coste por estudiante en los centros concertados sea muy inferior al de los centros públicos, pero supongo que ello se debe a una mejor gestión y, básicamente, a que su personal docente y no docente trabaja más y cobra menos. Lo mismo cabría decir de los centros hospitalarios. Insisto: la Iglesia no debe arrogarse el esfuerzo y la generosidad de la gente, sean o no gente de Iglesia.
Considero también una falacia sostener como sostuvo el gerente del Episcopado Español que las diferentes actividades de la Iglesia católica española “aportan al Estado” 32.000 millones de euros, el 3,1% del PIB español. Y me parece muy feo afirmar como afirmó que “cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,35 del mercado”. ¿Constituye ese dato un título de gloria para la Iglesia de Jesús? Nunca lo debiera haber dicho, y menos en los tiempos que corren, en un mundo ahogado por el Gran Mercado. Como no debiera haber defendido la abusiva exención del IBI de que gozan tantos templos cerrados, casas curales, garajes y huertas eclesiásticas sin utilidad social. Por no hablar de los numerosos bienes inmatriculados por los obispos gracias a una ley del Gobierno de Aznar difícilmente compatible con la Constitución, y del todo incompatible con el Evangelio.
¿Puede alguien imaginar a Jesús de Nazaret, el profeta subversivo, el carismático itinerante, el alegre comensal de gente social y religiosamente marginada, presentando la memoria económica del año tal como se hizo?
Creo que habría que separar tres contabilidades: Cáritas, Colegios, Servicios religiosos. Respecto a los Servicios religiosos creo que es opinable si el Estado laico debe o puede subvencionarlos, pero en todo caso con igual criterio que a otras actividades culturales. Las Iglesias cristianas, por espíritu evangélico, deberían sustentarse con la solidaridad de sus fieles. Habría que gestionar un pronta transición a este nuevo sistema.