Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía denunciamos la desoladora situación de emergencia social que padecemos en nuestro país, por los recortes del actual gobierno español en enseñanza, sanidad y dependencia; por el alto índice de paro (el 26 % de la población activa), que ha dejado sin ningún ingreso a más de 650.000 familias. Son vergonzosas y hasta insultantes las repetidas noticias sobre pobreza, desahucios, precariedad y marginación que van limitando la libertad real de millones de personas y las van arrojando a la exclusión social.
En Andalucía es más dramática aún esta situación: los parados llegan al millón y medio (el 36,4 %, diez puntos más que la media española) y son 139.000 los hogares que carecen de ingreso alguno. Buena parte de estos hogares sufren cortes de agua, de luz y frecuentes desahucios. Para vergüenza de nuestra sociedad, son ya varios los indigentes que han aparecido muertos en los vertederos, cajeros y plazas de ciudades como Cádiz, Málaga o Sevilla. Uno de cada cuatro españoles pobres es andaluz y malvive de lo que desechan los supermercados o de la caridad de los comedores de Cáritas u otras instituciones.
Frente a esta situación de miseria, los ricos son cada vez más ricos. En España, a pesar de la crisis, los ingresos medios de las personas más ricas del país son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Se ha subvencionado a los Bancos con más de 60.000 millones de euros y el beneficio de las empresas del Ibex ha sido de 38.156 millones de €, el año pasado.
Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía consideran que estas injustas y terribles desigualdades económicas suponen una flagrante violación del derecho a la vida, expuesto en el art. 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art. 15º de la Constitución Española. Por otra parte, las políticas de acción social que lleva a cabo la Junta de Andalucía, como el salario social o las rentas mínimas de inserción, exigen demasiados requisitos burocráticos y, en el mejor de los casos, solucionan el problema sólo de forma temporal.
Por ello, aplaudimos y nos solidarizamos con la Plataforma española que promueve la Iniciativa Legislativa Popular ante el Parlamento nacional, para que se promulgue una Ley de Renta Básica Universal, como un medio eficaz para la erradicación de la pobreza. La Renta básica universal (RBU) es el derecho que tiene cada persona, desde su nacimiento y sin ninguna condición añadida, a percibir una cantidad periódica del Estado, por encima del umbral de la pobreza, para cubrir sus necesidades materiales de subsistencia.
La RBU es un mecanismo eficaz de distribución de la renta, que garantiza la seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad en el trabajo, que permite iniciar otros modos de vida, que fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales de la pobreza.
Por otra parte, esta medida coincide con la práctica de las primitivas comunidades cristianas, en donde “no había ningún indigente entre ellos” (Hechos 4,34). También significa recuperar el principio cristiano (olvidado en la práctica) de que la propiedad tiene una función social y de que, como decían los Padres, se llama rapiña, avaricia y defraudación no sólo el arrebatar lo ajeno, sino también el no dar parte de lo propio a los demás.
Comunidades Cristianas Populares de Andalucía. Febrero del 2014
(www.ccp.org.es)
Yo particularmente estoy de acuerdo con esta renta que el estado debe de pagar a cada ciudadano, y más en estos tiempos de crisis. Pero comprendo a los detractores y a sus planteamientos, por lo que se debería vigilar un relajamiento en cuestiones como el empleo, la educación, y todo aquello que suponga un esfuerzo de cooperación comunitaria necesaria, es decir no sólo recibir por el hecho de ser ciudadano también colaborar con la sociedad.
El apoyo a la campaña por la RBU me parece urgente, necesario, que se debe promocionar al máximo y promover en todos los colectivos u organizaciones sociales, políticas y religiosas, no sólo en España sino en la UE. No basta con apelar al sentido ético, pues aunque no esté de más no resulta eficaz, al no conseguir la motivación e interés sólo por razones de justicia de los que tienen el poder para implantarla, los partidos y parlamento, gobierno y Estado. Habría que hacerles ver su viabilidad económica y los beneficios que resultarían para el país de su aplicación, incluso para las entidades financieras y empresariales.
No podemos esperar a elevar el sentido ético de la población y de sus gobernantes, cuando la aplicación de medidas como la RBU son urgentes, dadas las circunstancias desastrosas en las que tienen que sobrevivir las personas afectadas directamente por la crisis. Si la derecha ha tomado la crisis como excusa para desmantelar el Estado de Bienestar y reducir los derechos civiles, la izquierda debería también usarla para un fin tan claro como la RBU, sin dejar la lucha contra el despojo de derechos. De todas formas no creo que sea una cuestión de izquierdas y derechas, puesto que si se lo piensan bien quizás vean que a las derechas también les interesa. Rebajaría la conflictividad laboral y los problemas de seguridad ciudadana que tanto les preocupa.
–Ley de Renta Básica Universal, como un medio eficaz para la erradicación de la pobreza (Mejor si dijese miseria o marginación, que es lo que provoca la falta de recursos adecuados para sobrevivir como personas) lo sería solo como inicio.
La RGU es el primer paso eficaz en dirección adecuada hacia la consideración real del ser humno por su condición global de igualdad específica ( de especie) humana.
Sin esta RBU de supervivencia como derecho fundamental, la Humanidad como tal, universalmente considerada, nunca podrá avanzar hacia el logro de su condición humana real, y no será por falta de medios, sino por empecinamiento en la falsificación de la esencia real de todo ser humano, por la negación del radical derecho de posible igualdad supervivencia física.
Después de esto todavía quedaría por determinar un Estado Legislativo Universal (ELU) que condicionara la igualdad de oportunidades para que, todas las personas, pudieran disponer de un proceso adecuado de PERSONIFICACIÓN responsable.
Tampoco esta regulación universal resultaría imposible por falta de medios materiales y de capacidades humanas, sino solo, por imposición forzada de abusos de poder falsamente considerado humano.