El Comité de la ONU por los Derechos del Niño, que del 13 al 31 de Enero celebra en Ginebra su 65ª sesión, ha interrogado hoy a la Santa Sede sobre cómo cumple los pactos que firmó en 1990. Esta comparecencia era para examinar el informe que la SS presentó en 2012, el primero desde 1994, cuando según los compromisos debía hacerlo cada cinco años.

En la página de este organismo dependiente de la ONU, está publicado ese informe presentado en 2012, pero también las preguntas sucesivas planteadas por el comité y por distintos organismo locales. En ellos se le hacen preguntas y recomendaciones a la Santa Sede.

Y, vistas las repuestas por escrito del Estado investigado (en esta sesión de Enero se examinarán a otros cinco estados con el mismo procedimiento: Congo, Alemania, Portugal, Rusia y Yemen), ayer tocaba la vista pública para preguntar y repreguntar verbalmente a los representantes de la Santa Sede. Es normal que haya suscitado interés mediático. Era la primera vez que la Santa Sede se sometía a un comité de la ONU como éste. Y, por lo menos, ha accedido a presentarse y contestar.

Ofrecemos uno de los informes sobre la sesión, el de Yahoo Noticias Mexico, el que nos ha parecido más completo. Pero ninguno resumirá por completo las 8 horas de interrogatorio.

Tras haber dedicado un buen rato a rastrear los documentos publicados en la página referida de la ONU, me he fijado en uno proveniente de México, en el que se hacía a la Santa Sede esta pregunta y recomendación:

Que explique cómo fue posible que, en el proceso de beatificación del Papa Juan Pablo II, a pesar de toda la información interna, procesal y pública que hemos expuesto, el cardenal Levada, Prefecto de la Santa Sede y responsable del Dicasterio que lleva oficialmente todos los casos de pederastia clerical, informara que no existía “material relevante” que el Papa Juan Pablo debió conocer, por lo que, por no saber, aún siendo la autoridad máxima de la Santa Sede, de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, por lo que, independientemente de que le informaran o no (lo que implica responsabilidad de las autoridades inmediatas, el Papa, por su investidura y responsabilidad “debió saberlo” y si no lo supo, no lo exime de responsabilidad por el cargo que ocupó en la organización durante esos años.

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Por lo anterior pedimos públicamente, que se detenga el proceso de canonización del Papa Juan Pablo II hasta que se esclarezcan estas peticiones, porque su promoción pública como ejemplo a seguir entre los miembros de su organización e incluso para la opinión pública, en particular para las niñas y los niños y los jóvenes, puede provocar graves confusiones respecto de casos como el suyo

Entre los firmantes del documento, que parece que también asistió a la vista en Ginebra para preguntar estaba Alberto Athié, un sacerdote canonista que entre 1995 y 1998 fue el que animó a las 8 primeras víctimas denunciantes de Marcial Maciel a presentar sus testimonios ante la Santa Sede. Él había recibido el testimonio de uno de ellos en su lecho de muerte y le prometió no parar hasta que la Santa Sede juzgara al delincuente Maciel. En varios viajes a Roma intentó llevar sus declaraciones al mismo Juan Pablo II. Ni siquiera consiguió hablar personalmente con el cardenal Ratzinger. Pero quien le hizo de intermediario le trasmitió que “el cardenal Ratzinger le había respondido que no era prudente abrir el caso porque el padre Maciel era una persona muy querida del Papa y había ayudado mucho a la Iglesia”.

GINEBRA (AP) — La Santa Sede recibió duras críticas de un comité de la ONU el jueves por su manejo del escándalo global de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, en el interrogatorio público más intenso al que haya sido sometida acerca de las denuncias de que protegió a curas pedófilos a expensas de las víctimas.

Monseñor Charles Scicluna, el ex fiscal de la curia en materia de delitos sexuales, reconoció que la Santa Sede había respondido con lentitud a la crisis, pero dijo que ahora estaba empeñada en hacerlo. Alentó a los fiscales a tomar medidas contra los que obstruyen la justicia, una insinuación de que los obispos que trasladaron a sacerdotes de una diócesis a otra para protegerlos deben responder por ello.

“La Santa Sede comprende”, dijo Scicluna. “No digamos si es demasiado tarde o no. Pero hay ciertas cosas que se deben hacer de otra manera”.

El comité de la ONU lo sometió a un duro interrogatorio sobre el hecho de que la Santa Sede violó un tratado que obliga a los firmantes a tomar todas las medidas apropiadas para proteger a los niños. Existen denuncias de que la Iglesia, con tal de proteger su reputación, permitió la violación de miles de niños al proteger a los sacerdotes pedófilos.

La investigadora del comité en asuntos de derechos humanos, Sara Oviedo, insistió en el hecho de que los sacerdotes abusivos eran trasladados y no entregados a la policía. Dada la política de “tolerancia cero” de la policía, preguntó, por qué se hicieron “esfuerzos para encubrir y ocultar esta clase de casos”.

Otro miembro de la comisión, la psicóloga y psicoterapeuta italiana Maria Rita Parsi, insistió en ese aspecto: “Si se sigue ocultando y encubriendo estos hechos, ¿hasta qué punto se verán afectados los niños?”

La Santa Sede ratificó la convención sobre la protección de los niños en 1990 y presentó un primer informe sobre su aplicación en 1994. Pero no dio nuevos informes durante los siguientes 18 años. Lo hizo en 2012, en medio de las críticas tras la explosión del escándalo por abusos sexuales en Europa y otras regiones.

Grupos defensores de las víctimas y de los derechos humanos presentaron al comité testimonios escritos de los denunciantes y pruebas reveladoras de la escala global del problema.

Sus informes citan estudios realizados en México y Gran Bretaña, conclusiones de juzgados investigadores en Estados Unidos e investigaciones gubernamentales en Canadá, Irlanda y otros países para demostrar cómo la cultura del secreto y el miedo al escándalo que impera en el Vaticano agravaron el problema.

La Santa Sede sostiene desde hace años que no es responsable de los delitos cometidos por los sacerdotes. Alega que los curas no son empleados del Vaticano sino ciudadanos de los países donde residen y están sujetos a las fuerzas policiales locales. También dice que los responsables de los sacerdotes son los obispos de las diócesis, no el papa.

Pero los grupos defensores de las víctimas y de los derechos humanos proporcionaron al comité de la ONU documentos del propio Vaticano que demuestran cómo desalentó a los obispos de denunciar a los abusadores a la policía.

Otro miembro del comité, el profesor de derecho internacional Jorge Cardona Llorens, preguntó cómo el Vaticano elaboraría “criterios específicos” para dar prioridad a los intereses de los niños, ya que no existían aún.

Scicluna dijo que la Santa Sede quería ser un modelo de protección de los niños y la atención a las víctimas.

“Creo que la comunidad internacional busca esa orientación en la Santa Sede. Pero no bastan las palabras, tiene que existir un compromiso concreto.

“Los estados que están en conocimiento de la obstrucción de justicia deben tomar medidas contra los ciudadanos de sus países que obstruyen la justicia”, dijo Scicluna, un obispo maltés que en otra ocasión dijo que los obispos que no tomaban las medidas adecuadas en los casos de curas pedófilos debían responder por ello.

Grupos defensores de las víctimas seguían la audiencia con atención.

“Creo que es hora de que la Iglesia ponga fin al secreto”, dijo a la Associated Press Teodoro Pulvirenti, quien sostuvo que sufrió abusos de un sacerdote. “Creo que la Iglesia da demasiada prioridad a su reputación antes que a las víctimas y usted conoce el dolor que nos provoca este abuso. Por eso me emocioné tanto cuando supe sobre esta reunión final entre representantes del Vaticano y la ONU”.

Aunque insistió en la separación legal, el Vaticano respondió las preguntas en torno a casos en los que no tenía jurisdicción o no estaba involucrado, y en muchas ocasiones aceptó recomendaciones sobre las formas de proteger mejor a los niños.

“Estoy de acuerdo cuando dicen: ‘todas estas palabras bonitas no significan nada si hubiera más transparencia y rendición de cuentas a nivel local”, dijo Scicluna a Benyam Mezmur, un académico etíope integrante del comité quien preguntó qué se necesita para que la Santa Sede sancione a los obispos que no reporten a los pedófilos con la policía.