Otra declaración de cristianos ante las próximas elecciones

Hace unos días presentábamos la Nota de la Comisión Permanente del Episcopado sobre las próximas elecciones y una crítica a la misma hecha por Federico Mayor. Nuestra impresión era que los obispos, como ya decía el cardenal Tarancón, no habían aprendido a hablar todavía un lenguaje correcto para la orientación desde los principios cristianos en una sociedad democrática. Otros grupos cristianos intentan, como  otras veces, expresar lo que piensan en una ocasión como como ésta, de unas elecciones en plena crisis. Ofrecemos hoy este documento de los Jesuitas dedicados a Obras Sociales en España. A cada uno pertenece el pensar si le parece acertado o no ese modo de intervenir.

Los jesuitas del apostolado social piden impulsar y reformar las políticas sociales en la próxima legislatura

• “La crisis económica no puede utilizarse como excusa para reducir prestaciones”.
• Aportan propuestas concretas en materia de exclusión social, inmigración, cooperación internacional y fiscalidad.

Desde su experiencia con colectivos de excluidos de nuestra sociedad y su amplio trabajo en cooperación internacional al desarrollo, los jesuitas del sector del apostolado social presentan hoy (27 de octubre de 2011) en un documento sus reflexiones y propuestas de mejora de las políticas sociales. De cara a la próxima legislatura, quieren contribuir, desde su espiritualidad ignaciana, al debate público y a la reflexión compartida por distintos actores sociales, políticos, económicos y religiosos. Más concretamente, formulan siete propuestas básicas para una revisión de las políticas sociales en su conjunto, desarrollándolas en cuatro áreas:

1. Lucha contra la exclusión social (especialmente de jóvenes y menores)

En este campo el documento propone un gran pacto para la inclusión social, en el que se recupere la persona como sujeto del desarrollo y de la atención social, potenciando las capacidades de las mismas, favoreciendo su “empoderamiento”, escuchando su voz y aportándoles los recursos necesarios para reducir su vulnerabilidad. Señala que la mejor medida de inclusión es la creación de empleo y subraya que “la crisis económica no puede utilizarse como excusa para reducir prestaciones, sino que, al contrario, debe ser ocasión para reforzar el colchón social de apoyo a las personas más vulnerables”. Más concretamente, el documento solicita:

1. Que a lo largo de la legislatura el porcentaje de gasto en protección social –que en España se sitúa actualmente en torno al 22%– alcance la media europea, es decir, el 27% del PIB.
2. Que a lo largo de la legislatura se llegue a dedicar un 0,4% del PIB anual a la lucha contra la exclusión social; es decir, duplicar el porcentaje actual y acercarse así a la media europea.
3. Implantar un sistema universal de garantías de rentas mínimas que potencie, reformule y coordine el actual, que es demasiado fragmentado, poco desarrollado y muy restrictivo.
4. Medidas concretas que favorezcan la incorporación al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión. Y para ello, desarrollar plenamente la Ley de Empresas de Inserción y dotarla de medios.
5. Para lograr el derecho de acceso a la vivienda sugiere: penalizar la vivienda vacía, incentivar fiscalmente el alquiler antes que la propiedad y la rehabilitación antes que la obra nueva; o introducir la figura de la dación en pago.

2. Inmigración

En sus propuestas en materia de inmigración en el documento subyacen dos ideas clave: no subordinar la política migratoria a la situación del mercado laboral y considerar la inmigración no como un fenómeno coyuntural, sino como una característica estructural de nuestra sociedad. Entre otras cosas, destacan estas ideas:

1. En materia jurídica: la verdadera puesta en práctica del II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI 2011-2014), del que se congratula. Y, a pesar de las limitaciones y deficiencias de la actual Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (reformada en diciembre de 2009), pide que en la siguiente legislatura no se emprenda una nueva reforma, sino que se desarrollen las disposiciones de la actual ley y su reglamento.
2. Se pone atención en cómo las trabas administrativas salvables para empadronarse, “supone dejar personas en situación de invisibilidad y de completa exclusión social y económica, mermando su derecho a la salud y a la educación”.
3. Ante la situación de desempleo creciente, se solicita buscar alternativas para procesos largos de integración y regularización que se truncan por causa del paro que dificulta renovar la autorización de residencia temporal.
4. Los baremos económicos exigidos para la reagrupación familiar no pueden convertirse en una regulación restrictiva y, mucho menos, en una barrera encubierta que, de hecho, la impidan.
5. Mientras existan los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), resulta necesario que el nuevo gobierno apruebe, de modo urgente y en consulta con la sociedad civil, un Reglamento de CIE.

3. Cooperación internacional

Existen 1.400 millones de personas que viven con menos de 1 euro al día, y esta cifra aumenta en 100 millones al año desde que estallaron las crisis alimentaria, financiera y económica. La solidaridad internacional es una respuesta responsable de una ciudadanía comprometida con la fraternidad universal en época de globalización. Los jesuitas del apostolado social proponen:

1. Mantener el 1,4% del presupuesto de gasto del Estado para cooperación internacional.
2. Impulsar significativamente la puesta en marcha de nuevos mecanismos de financiación del desarrollo, como, por ejemplo, la tasa a las transacciones financieras.
3. Asegurar que la Cooperación Española y todos sus recursos, estrategias y planes, respondan al objetivo central de la lucha contra la pobreza, eliminando, por ejemplo, la utilización de fondos de cooperación para financiar acciones de control migratorio y la concesión de ayuda a los países condicionada a este fin.
4. Poner en marcha una reforma estructural del sistema de cooperación, de mejora de los sistemas de gestión y de innovación en los instrumentos y sus métodos de funcionamiento.
5. Apoyar la cooperación al desarrollo descentralizada y la alianza estratégica con las ONGD.

4. Fiscalidad

Según los jesuitas del apostolado social, “la misma política fiscal ha jugado y juega un papel relevante tanto en el origen de la crisis como en su gestión” y, por tanto, demandan:

1. Una mejor gobernanza de las políticas sociales, con una mayor participación de la sociedad civil en su diseño, puesta en práctica, seguimiento y evaluación.
2. Una mejor gestión de los recursos públicos, aumentando los niveles de eficiencia. Aconsejan, para ello, “medidas de contención del déficit basadas en la racionalización del gasto público y no en el recorte de las partidas destinadas a la integración social, la educación, la sanidad y la solidaridad”.

Y, más en concreto, defendiendo una fiscalidad progresiva que permita mejorar la cohesión social y responder a la crisis desde la solidaridad, proponen:

1. La unión fiscal europea en materia de impuestos directos.
2. Impulsar un sistema fiscal verdaderamente progresivo, con medidas convergentes, como, por ejemplo: modificar el IRPF generando nuevos tramos e integrando las rentas de capital en la base general; reformar el Impuesto de Sociedades, reduciendo el abanico de deducciones y exenciones de que gozan las empresas y planteando una mayor tributación de las sociedades de inversión.
3. Combatir el fraude fiscal, para recupera parte de los 90.000 millones de € que anualmente pierden por él las arcas públicas.
4. Crear un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales (ITF). Los fondos recaudados deben dedicarse a la Ayuda Oficial al Desarrollo, con el objeto de cubrir el déficit de financiación existente para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.