Aunque el profesor Tamayo tiene una capacidad grande de difundir sus escritos, interrumpo al semi-cierre veraniego de ATRIO para responder a este correo: “MI artículo sobre el obispo de Cádiz y la elección de obispos está teniendo un gran impacto y extensa difusión en redes sociales. He incorporado tres párrafos finales dándole una perspectiva fenminista. Este es el difinitivo. Te lo envío porque creo que puede dar lugar a un interesante debate en ATRIO”. ¡Pues ahi va! Juanjo estima vuestros comentarios, atrieros. AD.

Perspectiva feminista

Rafael Zornoza Boy ha fungido trece años como obispo de Cádiz-Ceuta, nombrado por el papa Benedicto XVI. Cumplidos los 75 años el 31 de julio, ha presentado su renuncia al papa Francisco, como es prescribe el Código de Derecho Canónico. Con este motivo voy a hacer dos reflexiones: una, de valoración de su episcopado en la diócesis gaditana; la segunda sobre la participación de la comunidad cristiana en la elección de obispos.

Durante los trece años del episcopado de monseñor Zornoza, la diócesis de Cádiz-Ceuta ha vivido situaciones de autoritarismo eclesiástico. El obispo ha sancionado y llevado a los tribunales al ex párroco de Conil, canónigo de la Iglesia Catedral de Cádiz y ex profesor del Seminario Rafael Vez por sus críticas abiertas en su muro de facebook a determinadas actuaciones del obispo y de su equipo de gobierno, por ser contrarias a los principios evangélicos. Le ha quitado todas sus funciones dejándole totalmente marginado. Rafael Vez ha tenido que denunciar también al obispo para poder defenderse por actuaciones que atentaban a su dignidad como persona.

Igualmente ha sancionado al ex párroco de Vejer Antonio Casado quitándole todas sus funciones y manteniéndole marginado por no estar de acuerdo con determinadas actuaciones del obispado en relación con las capellanías del campo de Vejer. El obispo lo ha denunciado ante los tribunales y el ex párroco se ha visto también obligado a denunciar al obispo ante los tribunales para defenderse por considerarlas unas acusaciones injustas. Estas denuncias están pendientes de resolución por el tribunal de la Rota Romana.

Zornoza se ha negado sistemáticamente a escuchar las voces críticas de movimientos cristianos como Iniciativa Galilea, Grupo de Reflexión-Acción, Comunidades Cristianas Populares, Comité de Solidaridad Monseñor Romero, MOCEOP, etc.) y de sacerdotes diocesanos, comprometidos en la lucha por la justicia, que le pedían pusiera en práctica la opción ético-evangélica por las personas y los colectivos más vulnerables de la sociedad gaditana.

Su actitud ha sido la contraria. Ha dado la espada a dichos colectivos y personas y ha mostrado y demostrado insensibilidad hacia las numerosas personas migrantes y refugiadas que viven en la ciudad y carecen de vivienda, negándose a darles acogida en los numerosos edificios de propiedad de la diócesis. Ha despedido arbitrariamente a personas trabajadoras a su cargo, transgrediendo el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras. Los tribunales han declarado algunos de dichos despidos improcedentes. Ha desahuciado a varias familias trabajadoras que ocupaban viviendas de la diócesis desde hace varias décadas. Cerró la casa de acogida de inmigrantes de Algeciras, ciudad de entrada de numerosos inmigrantes.

Ha dirigido la diócesis como una empresa con la eficaz colaboración del administrador Antonio Diufaín, que contó con plenos poderes en la gestión económica durante muchos años.

Estos son solo algunos botones de muestra de la gestión autoritaria e insolidaria del Don Rafael Zornoza al frente de la diócesis gaditana. Para un análisis más extenso de sus prácticas autoritarias remito al comunicado del Grupo de Reflexión-Acción de la Diócesis de Cádiz publicado en RD.

La segunda reflexión gira en torno a la participación de las cristianas y los cristianos en la elección de las personas responsables en los diferentes ministerios eclesiales y en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan a las iglesias como condición necesaria para superar el autoritarismo eclesiástico de los clérigos y el “episcopado “monárquico” practicado en la diócesis gaditana. Me remito para ello a textos y testimonios de los primeros siglos del cristianismo.

La Didajé o Enseñanza de los Apóstoles (VI,1), pide a los cristianos que elijan “obispos [supervisores] y diáconos [ayudantes] que sean dignos del Señor”. La Tradición Apostólica (primera mitad del siglo III), de Hipólito, establece que es toda la comunidad, junto con su presbiterio, la que elige  su obispo, y este debe aceptar, en principio, la elección. Enuncia con toda nítidez el siguiente principio electivo: “Ordénese como obispo a aquel que ha ido elegido por el pueblo, que sea irreprochable…, con el consentimiento de todos”.

El obispo Cipriano de Cartago (+ 258) afirma que “la comunidad tiene el poder para elegir a su obispo y para rechazar a aquel que le haya sido impuesto por la fuerza” (San Cipriano, Epist. 67, 4) y refiere las tres condiciones que habían de concurrir para que un cristiano accediera al episcopado: sufragio del pueblo, consentimiento de los obispos vecinos y juicio divino.

La igualdad del obispo y de los cristianos y la necesaria vinculación del obispo con la comunidad, son patentes en varios testimonios de San Agustín, obispo de Hipona. El obispo es, ante todo, un cristiano, y su ministerio es funcional, es decir, debe estar al servicio de la comunidad. Cito dos testimonios de dos sermones del propio Agustín:

“Mientras que lo que soy para vosotros me produce un gran temor, lo que soy con vosotros me consuela. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. El primer título es el de un cargo recibido; el segundo, el de una gracia; el primero es la indicación de un peligro; el segundo, el de la salvación” (Sermón 340, 1).
“Nosotros, los obispos, somos vuestros servidores y vuestros compañeros, porque todos tenemos el mismo Maestro… También nosotros somos servidores y subordinados. Estamos a la cabeza de vosotros si somos útiles… Si el obispo no cumple este programa, solo es obispo de nombre” (Sermón Guelferb 32).

La vinculación del ministerio ordenado con la comunidad aparece con claridad en el Concilio de Calcedonia, celebrado el año 451. El canon 6 declara nula y carente de validez toda forma de “ordenación absoluta”, es decir, la ordenación de candidatos a quienes no se les destinara a una comunidad concreta:

“Nadie puede ser ‘ordenado’ de manera absoluta, ni como sacerdote, ni como diácono…, si no se le asigna una comunidad local, en la ciudad o en el campo, en un martirium (sepultura de un mártir venerado) o en un monasterio”, en ese caso, “el sacratísimo concilio determina que su ordenación es nula e inválida… y que, por tanto, no puede realizar funciones en ninguna ocasión”  (tomo el texto de Calcedonia de Edward Schillebeeckx, El ministerio eclesial Los responsables en la comunidad cristiana, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1983, p. 77).

El binomio comunidad-ministerios constituía el principio organizativo de la comunidad eclesial. El concepto de “ordenación” comportaba, en su misma esencia, la vinculación necesaria y el servicio a una comunidad local. Si un ministro ordenado dejaba de estar al servicio de una comunidad, pasaba al estado laical.

Durante el siglo V los papas siguieron apoyando la elección popular de los obispos. San León Magno, papa de 440 a 461, se expresaba así: “Quien debe presidir a todos debe ser elegido por todos… No se debe ordenar a nadie obispo contra el parecer de los cristianos y sin haberles consultado expresamente” (Ad Anastasium, PL 54, 634).

Son estos algunos testimonios que dan fe de que durante un largo periódico del cristianismo se practicó la democracia en la Iglesia a la hora de elegir a sus dirigentes. ¿Por qué ahora se afirma que es imposible y que esa imposibilidad es de institución divina? Se coloca así a Dios y a Jesús de Nazaret en clara contradicción consigo mismos ¿Cómo pueden querer la democracia en la sociedad y no practicarla en el seno de las iglesias? Como condición de credibilidad eclesial, creo necesario recuperar y activar la práctica democrática vigente durante varios siglos en la Iglesia. De esa manera se evitarían comportamientos como los del obispo de Cádiz-Ceuta y de otros muchos obispos, arzobispos y cardenales que actúan en sus diócesis como señores feudales de manera autoritaria y patriarcal.

Los textos citados se refieren a la elección de obispos varones. Lo que fue el movimiento igualitario de hombres y mujeres de Jesús de Nazaret pronto se convirtió en una institución patriarcal que excluyó a las mujeres de los ministerios ordenados y de las funciones directivas. Hoy es necesario reescribir, reformular, releer, resignificar, reescribir y actualizar dichos textos revisando la figura del obispo y sus funciones y en general los ministerios ordenados, recluidos en el ámbito de lo sagrado, con poderes absolutos y claramente discriminatorios de las mujeres.

Y hay que hacerlo desde una perspectiva feminista, que exige empoderar a las mujeres y a las personas LGTBI+ incorporándolas a todos los ministerios eclesiales y a todos los espacios de poder (¡sí, de poder!), donde se toman las decisiones que afectan a la comunidad cristiana, y no recluirlas en las “habitaciones del servicio”, que es el lugar que sigue asignándolas la jerarquía patriarcal, o dejarlas a la intemperie en terreno de nadie sin el reconocimiento de sujetos morales, teológicos y eclesiales.

Y hay que hacerlo ya, sin demora, porque no hay razones para impedirlo. Todo lo contrario. A su favor hay poderosos fundamentos teológicos, bíblicos, eclesiales y, sobre todo, antropológicos. En las reformas eclesiales, como en todas las reformas, la igualdad y la justicia de género suelen demorarse porque se considera que otras reformas son más importantes y deben tener precedencia. E

Juan José Tamayo. Teólogo/ autor de Un proyecto de iglesia para el futuro en España. Cuarenta años después (San Pablo, 2019, 2ª edición)