La cuestión indígena es un problema nunca resuelto en las políticas públicas brasileras. Una gran parte fue exterminada desde el tiempo de la colonización y hoy componen solamente el 0,4% de la población, lo que equivale a 817 mil personas que conforman 300 pueblos. Viven muy concentrados en solo 200 municipios de los más de cinco mil que existen en Brasil.
Prácticamente ellos no cuentan. Sólo a partir de 1991 comenzaron a entrar en el censo poblacional efectuado por el IBGE.
La cuestión se ha agudizado este año, como lo ha estado siempre, con el asesinato de Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, un guarani-kaiowá, de 26 años, agente de salud, muerto a tiros en la hacienda Yvu, en Caarapó, a 273 km de Campo Grande en Mato Grosso del Sur. Otros cinco miembros de la comunidad fueron heridos, entre ellos un niño de 12 años. Cerca de 200 camionetas y automóviles rodearon las tiendas de los indígenas que habían hecho una “retomada”, como ellos dicen, de tierras que les pertenecían desde siempre. Llegaron y fueron disparando balas de goma y balas letales.
Los guarani-kaiowá vivían en esa región desde tiempos inmemoriales, pero a partir de 1882 empezaron a ser expulsados para dar lugar a la plantación de yerba-mate.
Posteriormente, el gobierno comenzó a vender las tierras con la intención de crear haciendas para plantaciones de soja y cría de ganado. Los indígenas quedaron recluidos en 8 pequeñas áreas, pero a medida que la población crecía se sentían forzados a salir. Entonces comenzó a ganar fuerza la idea de retomar las tierras que siempre fueron suyas.
Se creó un conflicto peligroso entre los nuevos propietarios que mostraban su documentación de compra y los indígenas que argumentaban ser los dueños originales de aquellas tierras.
Hubo varios enfrentamientos. Especialmente Mato Grosso del Sur fue escenario de varias muertes. A finales de agosto de 2015, Semião Fernandes Vilhalva, de 24 años, fue bárbaramente ejecutado con un tiro en la cabeza.
En 2013, Ambrósio Vilhalba, de 52 años fue asesinado a puñaladas cerca de Dourados.
En 2001 ocurrió algo más grave. El cacique Nísio Gomes de 59 años fue cercado y eliminado por hombres armados al mando de hacendados.
Lo que sucedió en Caarapó es la continuación de los enfrentamientos por tierras que el Gobierno tarda en delimitar. Apenas un tercio de las tierras están delimitadas, otro tercio se encuentran en estudio y el último tercio ni siquiera ha entrado en la agenda todavía.
Pero la decisión de los indígenas es clara: «Nuestro futuro depende de nuestro territorio, de nuestra tierra. Pretendemos hacer cada vez más “retomadas” porque estamos cansados de la demora del gobierno brasilero en delimitar nuestra tierra. Tomamos una posición y decidimos que esa era nuestra única salida», dice Gomes, el líder indígena del área donde está la hacienda Yvu.
Hay una cuestión mal planteada por parte del gobierno que hace compleja la delimitación y es fuente de conflictos permanentes. Por legislación, los indígenas no integrados son considerados como relativamente incapaces (artículo 8º del Estatuto del Indio). Ellos no tienen derecho de propiedad privada sobre las tierras delimitadas, consideradas colectivas y tuteladas por la FUNAI. Además la Constitución prohíbe la comercialización de estas tierras (art. 231, §4º), considerándolos menores de edad.
Si tuvieran ese derecho, podrían tener otra relación con los latifundistas que, sabiendo que los indígenas no son propietarios, invaden sus tierras para la plantación de soja o la cría de ganado. Más prudente sería considerarlos adultos y entregar títulos de propiedad privada de la tierra a la que los pueblos indígenas tienen derecho y dejarlos organizarse en las formas de producción que les son peculiares e incorporando las formas modernas.
Esta ausencia de una solución definitiva para esos pueblos originarios, genera en ellos inmenso sufrimiento, inseguridad y hasta desesperación. Hay un número significativo de suicidios. El organismo de la Iglesia católica que trabaja la cuestión indígena, el CIMI, computó en la última estadística de 2014 un suicidio cada tres días. La mortalidad infantil es altísima. En 2014, 785 niños menores de 5 años murieron por enfermedades evitables. Esto ocurre especialmente entre los xavantes de Mato Grosso.
Esto nos recuerda la denuncia hecha por algunos obispos misioneros que publicaron un impresionante documento: “y-juca-pirama. El indio: aquel que debe morir”.
Guarda permanente actualidad y traduce la situación actual de los pueblos originarios de nuestro país.
*Leonardo Boff es articulista del Jornal do Brasil y escritor.
Traducción de MJ Gavito Milano
Hola!
Ya que esta de moda la “misericordia“, pregunto:
¿Alcanza la “misericordia” para “comprender” al indígena,
o hace falta algo “previo” más de raíz; p.e. ponerlo en una perspectiva que lo incluya?
¡Voy todavía! – Óscar.
En Chile el tema Mapuche, que es la etnia aborigen más numerosa, el tema es una papa caliente que no ha sido resuelto ni por derechas ni por izquierdas. Ellos representan entre el 6 y el 8% de la población y muchos están en Santiago, donde comparten su suerte con los chilenos más pobres. El resto está disperso en su territorio ancestral, del Río Bío Bío al Sur, donde mal conviven con los grandes latifundistas productores de papel y celulosa en pequeñas heredades, y con los descendientes de colonos alemanes y franceses llegados el siglo 19. Las relaciones son malas, y la Araucanía está siempre en Estado de Sitio o con policía “antiterrorista”. La Iglesia Católica pasa por épocas en que tiene obispos misericordiosos, y otras en que tiene a algún nazi con mitra que agrava la situación.
Los mapuche no quieren ser chilenos y tienen su propio modo de ver el mundo, no admiran ni la modernidad ni la tecnología ni aspiran al consumo. Y los chilenos tampoco se identifican con ellos, así en bloque, y los ven como flojos y retrógrados, y ellos a nosotros como mentirosos y ladrones. Y quizás ambas cosas son ciertas.
Pero no se ve una solución a corto plazo.